Buenos Aires, 8 de noviembre de 2022. “Queríamos que la Ley tuviera el apoyo político más diverso posible, que saltara la grieta; una diversidad como la que tenían los chicos y chicas de Cromañón”. Silvia Bignami, madre de una de las víctimas del incendio ocurrido en el boliche de Once, describe el proyecto que familiares y sobrevivientes impulsaron para expropiar el inmueble y convertirlo en un Espacio de Memoria. 

Luego de intentarlo sin éxito en la Legislatura porteña durante años, en poco más de un mes lograron que el Congreso de la Nación lo apruebe, con aval de todos sus bloques. “Se vive una gran alegría con este logro”, añade la integrante de Movimiento Cromañón y madre de Julián Rozengardt. “No es que mañana mismo nos van a dan el lugar”, baja a tierra la efervescencia de las últimas semanas. 

La tragedia no natural más grande de Argentina ocurrió en el barrio de Balvanera, a metros de Plaza Miserere. El 30 de diciembre de 2004, durante un recital de la banda Callejeros, se produjo un incendio en el local bailable de Mitre al 3000. Lo administraba Omar Chabán, quien lo alquilaba a su dueño, el empresario Rafael Levy. 

Unas 194 personas murieron, hubo casi mil heridos y muchos afrontan secuelas físicas y emocionales. Ante la pérdida de sus seres queridos, varios familiares a su vez fallecieron. 

Durante casi 15 años, el local de Mitre 3038-70 estuvo cerrado por los juicios sobre lo ocurrido. Adentro permanecían, cual cápsula del tiempo, pertenencias de quienes asistieron al recital. 

A fines de 2018, la Justicia se lo devolvió a Levy. En abril del año siguiente, ordenó tirar todo a la basura. Además, pintó de blanco los muros. “Desaparecieron cosas de un valor incalculable”, lamentaba Movimiento Cromañón. Ante ese hecho y la incertidumbre por el futuro del predio por la presencia de volquetes con material de construcción –se hablaba de una “saladita” o viviendas-, los familiares y sobrevivientes de nueve agrupaciones reunidas en la Coordinadora Cromañón exigieron la expropiación del edificio para montar un Espacio de Memoria. 

Desde ese momento y hasta mediados de 2022, ingresaron diversos proyectos en la Legislatura de la Ciudad de Buenos Aires, pero ninguno avanzó. En el medio, se aprobó en 2019 una Ley porteña –basada en un antiguo litigio judicial de familiares- para instalar un memorial por Cromañón. Originalmente iba a estar en Mitre al 3000, pero el faro de 25 metros y el muro de mármol con los nombres de las víctimas se fijó en el Parque de la Estación, a tres cuadras. 

Mientras tanto, el oficialismo de Vamos Juntos rechazaba la expropiación, aduciendo motivos presupuestarios. Los familiares trataron entonces la “patrimonialización”, que perseguía el cuidado del inmueble. Tampoco se pudo. 

La Coordinadora Cromañón llevó su reclamo al Congreso de la Nación. “Viendo lo que pasaba en la Legislatura, hablamos con la Secretaría de Derechos Humanos de la Nación. Dijeron que administrativamente no podían ingresar proyectos y sugirieron hablar con Paula Penacca”, recuerda Silvia.

Esta diputada del Frente de Todos por CABA entonces elaboró el Expediente 4921-D-2022 para expropiar Cromañón. Ingresó el 19 de septiembre de este año. La Coordinadora resaltó el “acompañamiento de las diversas fuerzas políticas nacionales”, ya que lo habían firmado el PRO, UCR, Coalición Cívica, Frente de Izquierda y demás partidos provinciales. 

La Ley declara “de utilidad pública y sujeto a expropiación (Ley N° 21.499)” el edificio de Once, donde “se creará una muestra permanente que reflejará la historia de lo allí ocurrido, y se organizarán actividades culturales e informativas”. Además, se deben “conservar los elementos testimoniales de la masacre, que hacen a su valor histórico-cultural y configuran la memoria histórica que se debe preservar”. Asimismo, “se deberán garantizar las acciones de conservación preventiva, curativa y de restauración dentro del predio”.

El inmueble a expropiar, la calle aledaña y el "Santuario" armado afuera del local (sobre la calle Mitre, llamado Paseo de las Ánimas), componen una “unidad de sentido en relación al respeto y la conservación de la memoria colectiva, por lo que gozarán de protección por parte el Estado”. También se establece que “la autoridad de aplicación tendrá a cargo la puesta en funcionamiento y administración del espacio con participación de los familiares de las víctimas fatales y las víctimas sobrevivientes”.

“Vemos que la lucha fue acumulativa, en pocas semanas fue todo muy intenso, hicimos entrevistas y defendimos el proyecto en Comisión”, recuerda Silvia. El acompañamiento diverso se vio en los votos. El 12 de octubre Diputados dio media sanción con 207 positivos, ningún negativo ni abstención. Luego, el 27 de octubre el Senado dio la sanción definitiva con 60 votos positivos y solo uno negativo (PRO, Córdoba).

“Hubo momentos en que pareció peligrar, pero se alinearon los planetas, en el proceso hubo mucha gente que conoció a sobrevivientes y víctimas, fue muy significativo”, recuerda Silvia. Más allá de la alegría por lo obtenido, asegura que queda mucho por delante: “Viene la reglamentación, determinar cuál es la autoridad de aplicación, el dueño no tiene que protestar ante la expropiación, el presidente de la Nación no tiene que vetar la Ley. Es mucho, pero destacamos esta lucha para lograr el Espacio de Memoria”. 

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