Buenos Aires, 23 de agosto de 2022. Se conoció la semana pasada una durísima carta escrita por Juan Lizarraga y Alicia Tagliaferro, padres de Ariana Lizarraga, una de las jóvenes que murió por el derrumbe de un entrepiso en el boliche Beara en 2010. El escrito fue dirigido a los jueces que absolvieron a casi todos los imputados, para informarles que no apelarán el fallo.

 

“Pedimos disculpas a nuestra hija. Ella bien podría cuestionar nuestra decisión y calificarla como debilidad. Tendría Razón. Quizá pueda entender que el poder judicial también nos mató a nosotros”, comienza la carta dirigida a los jueces Gabriel Vega, Gustavo Alterini y Alejandro Noceti.

 

“En vuestras manos estuvo la última esperanza, el último intento de vencer a la violencia política que mató a nuestra hija”, denunciaron y agregaron:“Hemos tomado la irrevocable decisión de no recurrir ante el tribunal de Casación la sentencia que consagró la impunidad de los funcionarios públicos del gobierno de la Ciudad de Buenos Aires, cómplices y máximos responsables de la muerte de nuestra hija y de su mejor amiga, Leticia Provedo”.

En tanto, la familia de la otra víctima fatal del derrumbe del entrepiso del boliche Beara, ubicado en el barrio porteño de Palermo, apeló la absolución de los funcionarios porteños que habían sido acusados por su presunta responsabilidad en la habilitación irregular del local.

Alberto Provedo, el padre de Leticia (20) --quien murió junto con Ariana Lizarraga (21) cuando la construcción se les cayó encima--, reclamó "la celebración de un nuevo juicio oral", a cargo de un tribunal diferente del que dispuso condenas solo para los empresarios que regenteaban el boliche, pero que absolvió a todos los demás imputados.

 

El 10 de septiembre de 2010, el boliche Beara de Scalabrini Ortiz 1638 en Palermo, realizó un recital del grupo Ráfaga y pocos minutos después de finalizar, a las 3.50 de la mañana, el entrepiso en el que se encontraba el sector VIP colapsó y se derrumbó sobre la planta baja. Las consecuencias fueron las muertes de Ariana Lizarriaga y Paula Provedo, de 21 y 20 años, respectivamente, y quedaron con heridas diversas más de 50 personas.

 

Por el derrumbe comenzó una causa judicial que tuvo de imputados a tres empresarios, Juan Carlos Yun, Agustín Dobrila e Iván Fliess. En la misma causa también fue juzgado el ex responsable de la Dirección General de Habilitaciones y Permisos del Gobierno de la Ciudad, Martín Farrell, acusado de los delitos de “homicidio culposo agravado por el número de víctimas en concurso ideal con lesiones culposas y leves y cohecho pasivo en concurso real”.

 

Además de los funcionarios porteños Pablo Saikauskas, Norberto Cassano, Isaac Rasdolsky, Carlos Mustapich y Vanesa Berkowski, por el control del funcionamiento de Beara. Y los policías de la Federal Rodolfo Cabezas, Gustavo Flaminio, Luis Acosta y Julio González, quienes habrían recibido sobornos mensuales entre 2007 y 2010 por parte de los dueños del boliche.

 

El 23 de junio pasado, el tribunal oral número siete condenó sólo a los empresarios que regenteaban el boliche, a tres años de prisión en suspenso. Los ex funcionarios del gobierno porteño que por entonces encabezaba Mauricio Macri y policías federales que llegaron imputados a juicio fueron absueltos.

 

“El juicio oral a vuestro cargo reiteró la vocación absolutoria. (…) Somos conscientes de nuestra fragilidad política frente a la prepotencia del poder que silenció el caso en los medios de prensa y logró homologar la impunidad en el veredicto”, sostuvieron los padres.

 

En ese sentido, explicaron la decisión de no apelar ni las condenas a penas de prisión en suspenso, ni las absoluciones de todos los funcionarios públicos, incluidos los policiales: “Ya no estamos en condiciones psíquicas de tolerar más injusticias. Hemos tomado la decisión de rendirnos ante una circunstancia claramente ineluctable”.

 

“No estamos dispuestos a seguir siendo cómplices de simulación de juicio, donde la tragedia de las víctimas continúe sucediendo como un acontecimiento menor frente al poder político de sus victimarios, funcionarios del gobierno de la Ciudad”, apuntaron.

 

 “Sabemos que la resignación no implica vivir con plenitud sino sobrevivir, pero al menos no tendremos que padecer nuevas vejaciones. No nos han dejado otra alternativa”, concluyeron. La carta fue enviada dos días antes de que se conozcan las razones por las cuales los jueces suscribieron aquel fallo. 

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