Buenos Aires, 3 de agosto de 2021. El inicio de las clases presenciales en CABA, donde a partir de este miércoles parte de los secundarios comenzarán a concurrir al aula sin distanciamiento, generó cuestionamientos de la comunidad educativa. El ministro de Educación, Nicolás Trotta, calificó de "irresponsable" a la administración porteña, mientras que los principales gremios docentes del distrito desplegaron medidas de fuerza. 

El gremio Ademys realizó un paro este lunes de 24 horas que incluyó un semaforazo en el Obelisco. La Unión de Trabajadores de la Educación (UTE) presentó un recurso administrativo ante el Gobierno de la Ciudad reclamando que se cumpla con el distanciamiento y que las aulas sean equipadas con medidores de dióxido de carbono. En tanto, el auditor Lisandro Tezkiewicz denunció que no se puede volver a la presencialidad, debido a la falta de mantenimiento en los edificios escolares y a la falta de controles edilicios, entre otras razones.

El ministro de Educación, Nicolás Trotta, aseguró este lunes que es “irresponsable” la decisión tomada por el Gobierno de la Ciudad de Buenos Aires de regresar a clases presenciales sin guardar la distancia de un metro y medio dentro de las aulas.

Trotta, al hablar con El Destape Radio, indicó que desde el ministerio observan esta situación “con enorme preocupación” y sostuvo que “es incomprensible que se tomen decisiones por fuera de la evidencia”.

“Le pedimos a la Ciudad de Buenos Aires y a la provincia de Mendoza que compartan la evidencia que tienen para volver a clases sin distanciamiento; si no, estamos ante un hecho de irresponsabilidad de estas jurisdicciones”, sostuvo el funcionario.

“Le pedimos a la Ciudad de Buenos Aires y a la provincia de Mendoza que compartan la evidencia que tienen para volver a clases sin distanciamiento; si no, estamos ante un hecho de irresponsabilidad de estas jurisdicciones”

El Gobierno de la Ciudad de Buenos Aires anunció que en el regreso a clases tras el receso invernal no se respetará el distanciamiento de un metro y medio dentro de las aulas y se considerará a todo el curso como una burbuja.

Trotta agregó que a estos cambios en los protocolos sanitarios por parte de la Ciudad se suma el hecho de que “hay sospecha de que ya hay circulación comunitaria de la variante Delta en la Ciudad”.

“Nosotros consultamos a los especialistas sobre si se podían modificar los protocolos y nos dijeron que había que sostener la ventilación cruzada, el uso de tapabocas y el distanciamiento”, manifestó el titular de la cartera educativa.

Asimismo, recordó que, para medir el regreso a la presencialidad, se establecieron “indicadores objetivos” y dijo que este regreso fue posible “porque la tasa de incidencia es menor a 500 casos cada 100.000 habitantes y porque hay una ocupación inferior al 80% en las camas de cuidados intensivos”.

El auditor general de la Ciudad de Buenos Aires por el Frente de Todos, Lisandro Teszkiewicz, denunció que “el Gobierno porteño, desde 2007 que viene desmontando la Dirección de Infraestructura Escolar. En ésta había antes arquitectos, plomeros, electricistas, maestros mayores de obras y todo tipo de personal capacitado para mantener los edificios escolares, que en la ciudad son 816”.

Luego el abogado auditor explicó que la Auditoría General de la Ciudad (AGCBA) aprobó un informe que se refiere al Sistema Global de Mantenimiento (SIGMA), que existe para “garantizar la conservación, mantenimiento y puesta en valor de todos los establecimientos de educación pública con asiento en la Ciudad Autónoma de Buenos Aires”.

El auditor manifestó que “con este sistema ahora se licita el mantenimiento, pero está manejado por las empresas constructoras. Se trabaja con abonos mensuales, pero cada vez que hay un arreglo en cualquier edificio educativo hay que pagar de más, por mayores costos. El abono nunca cubre los trabajos, por pequeños que sean. Lo que se paga aparte se llama Mantenimiento de Obra Menor (MOM)”.

Luego Tezkiewicz expresó que “nosotros detectamos que el sistema funciona así: la directora de una escuela llama a Infraestructura Escolar por algún problema, desde aquí se llama a la empresa, que pasa un presupuesto con MOM antes de hacer el trabajo y este trámite puede durar varios meses, mientras el problema sigue sin arreglarse”.

Alarmado, el auditor reveló que “nosotros en la Auditoría nos encontramos con incumplimientos importantes. Por de pronto, a los arquitectos les falta auditar a 115 escuelas, a las que no se les realizaron la revisión periódica. Además, en otras 120 escuelas no se realizó el control de plagas y tampoco se cambiaron los vidrios en la mitad de las escuelas auditadas. Así podemos seguir”.

Teszkiewicz advirtió que las falencias en el Plan SIGMA “generan un gran peligro para la comunidad educativa”. En el informe aprobado por el organismo del que forma parte, se “sacó a la luz la inconsistencia en la ejecución y rutina del plan de mantenimiento, demostró demoras en la ejecución, en los expedientes y comprobó la ausencia de indicadores de gestión”.

Además, volvió a afirmar el auditor, “por otro informe sabemos que no existe un mapa de riesgo edilicio, que es un informe de cada escuela que se dirige a la Dirección de Mitigación de Riesgos. De esta manera, el Ministerio de Educación conoce los peligros que existen en las escuelas”.

“Vemos con estos informes que en el período anterior al inicio de la pandemia, la situación ya era complicada, pero al iniciarse ésta, el Gobierno le quitó 528 millones de pesos a Infraestructura Escolar por medio de una Ley de Emergencia. Ahora, cuando se plantea la vuelta de la presencialidad total, aparecen otras falencias. Por ejemplo, en la Escuela Técnica Alejandro Volta los talleres están en el subsuelo, por lo que no puede existir la ventilación cruzada. Con esta situación, no se puede cumplir con el protocolo. Esto quiere decir que o abren sin protocolo o no abren”.

Otro problema es la falta de personal. “El protocolo dice que cuando sale un grupo y entra otro grupo, en el intervalo hay que limpiar y desinfectar, pero en una escuela de 27 cursos hay tres personas de mantenimiento y eso hace que sea físicamente imposible cumplir con el protocolo. ¿Me puede decir cómo van a hacer?”.

Tezkiewicz advierte además cierta negligencia en la provisión de los elementos necesarios para cumplir con los protocolos. «A una escuela que tiene 700 alumnos y 200 docentes le mandaron un Tótem de desinfección, una alfombra y dos termómetros. Cada vez que ingresaba un grupo, la cola era kilométrica, ya que todos los que llegaban tenían que desinfectar sus manos y se le debía tomar la temperatura”.

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