Buenos Aires es una de las capitales del mundo con menos espacios verdes y con una profunda crisis habitacional, económica y ambiental. La gestión del PRO no hizo más que agravar todos esos problemas. Lo hizo privatizando tierra pública para facilitar desarrollos inmobiliarios. Y no fueron unos cuantos lotes. El diputado Matías Barroetaveña difundió un informe titulado “La década vendida” en el que se afirma que desde la llegada del gobierno del Pro-Vamos Juntos, “la Ciudad de Buenos Aires ha vendido alrededor de 150 hectáreas, lo que equivale a la superficie de un barrio como San Telmo. A esto hay que sumarle las 70 hectáreas de tierra nacionales en las ciudad que vendió Macri cuando fue Presidente.” 

Pero van por más. El proyecto para levantar un barrio náutico con edificios de hasta diez pisos sobre la margen del Río de La Plata, frente al aeropuerto metropolitano, quedó habilitado el jueves 8 por la Legislatura porteña, por la mayoría automática del oficialismo, que aprobó en trámite veloz un pedido del Ejecutivo para modificar normas urbanísticas que rigen en el predio donde funcionó el complejo Costa Salguero, en la Costanera Norte. Los diputados aprobaron la iniciativa de reformular la actual zonificación de los terrenos de dominio público que suman unas 17 hectáreas, al igual que otras 14 hectáreas de un predio lindante, separado por la desembocadura del colector del arroyo Maldonado, donde estuvo Punta Carrasco. 

Esa norma deberá transitar por una audiencia pública, que nunca en trece años torcieron la voluntad del Ejecutivo y volver al recinto para votarse por segunda vez. Sin embargo, la Justicia porteña abrió un paréntesis en la implementación de la nueva urbanización en la ribera.

La Sala II de la Cámara de Apelaciones en lo Contencioso Administrativa y Tributario de la Ciudad decidió hacer lugar al recurso de apelación interpuesto por el Observatorio del Derecho a la Ciudad, la Cátedra de Ingeniería Comunitaria, el IPYPP y la Diputada Nacional Gabriela Cerruti, y concedió la medida cautelar estableciendo que sólo podrán adoptarse medidas de administración, evitando toda decisión que afecte de algún modo la titularidad del dominio del inmueble conocido como Costa Salguero en la Costanera Norte. Podrá seguir el trámite de la ley, pero no enajenarse los predios hasta que haya sentencia en ese juicio.

“Nuestro distrito está muy atrasado en cuanto a las metas internacionales de lo que se considera una ciudad verde y las metas de desarrollo sustentable. Un espacio verde es importante no solo porque es lindo, sino porque previene inundaciones absorbiendo agua, reduce ruidos, produce oxígeno, es un espacio de paseo. No estamos pidiendo importar políticas de ciudades cuya riqueza dista de la nuestra, al contrario, ciudades como Rosario, Bogotá cuentan con mayor cantidad de espacios verdes que la Ciudad de Buenos Aires”, afirmó el legislador Juan Manuel Valdés al presentar al principio de octubre su proyecto de crear un Fondo Verde de la Ciudad. Indicaba que la Organización Mundial de la Salud “cualquier ciudad tiene que tener entre quince y veinte metros cuadrados de espacio verde por habitante”. En contraste, “la suma que tiene la Ciudad no llega a los tres metros cuadrados”.

Ese déficit indicaría que la política a seguir tendría que ser diametralmente opuesta. Construir espacios verdes, ganar nuevos parques y plazas para la ciudad. Nuestra Comuna hizo una experiencia que muestra que es posible. No resultó de un plan deliberado, sino de la presión de la movilización vecinal, pero eso no la descalifica. Repasando la historia de la Manzana 66, vemos que le fue posible a un privado adquirir una a una todas las propiedades edificadas sobre esa superficie, para luego demolerlas. 

Lo hizo con el propósito de construir después allí un estadio para recitales musicales, lo que no estaba autorizado por la normativa vigente y provocó el rechazo mayoritario de los vecinos, temerosos del impacto que tendría una iniciativa de ese tipo en un barrio de por sí saturado de personas en tránsito de un punto a otro de la urbe.

Movilizados, los vecinos pudieron exigir otro destino para el predio. Hacerlo un espacio público y ganar un nuevo pulmón para una zona muy carente de ellos. Finalmente, la política encontró una solución y se avanzó en se sentido. Aunque el resultado tiene la marca edificadora de la gestión macrista, con una escuela en una esquina y mucho cemento por todos lados, un predio que estuvo totalmente ocupado por edificios privados, terminó siendo una nueva plaza.

¿Es posible que esa sea una política pública permanente? Esto es, ¿destinar recursos a deconstruir áreas de la ciudad para habilitar su uso público y darles un nuevo destino como espacios verdes? Claro, pero eso supone otra mirada de la ciudad. No como negocio inmobiliario, aunque más espacios verdes revalorizan no sólo la calidad de vida de los porteños, sino también los inmuebles circundantes. No sólo es cuestión de salud presente.  Una visión estratégica frente a las amenazas de las inundaciones y el cambio climático, impone construir defensas. Eso son los espacios verdes que hay que sumar.

Santiago Pujol

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