Buenos Aires, 13 de octubre de 2020. La CIDH hizo responsable al Estado argentino por la impunidad en la causa del atentado a la AMIA. El organismo le dio un plazo de dos meses a la Argentina para que cumpla con una serie de recomendaciones. La Comisión Interamericana de Derechos Humanos (CIDH) señaló al Estado argentino como el responsable de la impunidad sobre el atentado a la AMIA, ocurrido en 1994, durante el gobierno de Carlos Menem, y el encubrimiento posterior. Se trata de una causa que impulsó la agrupación Memoria Activa, con el patrocinio del Centro de Estudios Legales y Sociales (CELS), y podría terminar en una condena internacional contra nuestro país.

El caso arrancó en 1999, y al año siguiente el Estado argentino invitó a la CIDH para que asista el juicio oral en calidad de veedor. Finalmente, el organismo designó a Claudio Grossman, quien emitió un informe sobre ese proceso.

En 2005, se llegó a un acuerdo de entendimiento y el entonces presidente Néstor Kirchner reconoció que la Argentina había incumplido con las víctimas de la AMIA. El Estado argentino se comprometió, entonces, a realizar una serie de medidas para encauzar la investigación y castigar a los culpables y encubridores.

Cuatro después, Memoria Activa manifestó ante la CIDH que no se habían cumplido ninguno de los puntos acordados. A partir de ese momento, el organismo siguió analizando la demanda y mandó a otro veedor al juicio oral por el encubrimiento, a cargo del Tribunal Oral Federal 2.

Ante la falta de avances, y luego de una audiencia oral entre las partes que se realizó el año pasado en la ciudad de Quito (Ecuador), la Comisión Interamericana determinó ahora que la Argentina incumplió todas las recomendaciones. El organismo señaló que hubo una violación del “derecho a la vida, a la integridad personal de las víctimas y sus familiares”, así como también “el derecho de la sociedad toda a conocer la verdad”.

La notificación ingresó a la Cancillería el 25 de septiembre pasado, pero recién trascendió la semana pasada.

En un documento de 73 páginas, el organismo internacional afirmó que “las instituciones argentinas construyeron la impunidad con maniobras ilegales, con el armado de líneas de investigación que no tenían sustento y con el abandono de las que sí lo tenían, acciones que en su conjunto alejaron la posibilidad de conocer la verdad”. “Con esta vergonzosa actuación -sostiene el informe- el Estado violó el derecho a la vida, a la integridad personal de las víctimas y sus familiares, su derecho a una protección judicial adecuada, y el derecho de la sociedad toda a conocer la verdad”.

El organismo le dio un plazo de dos meses al Estado para que cumpla con seis recomendaciones puntuales como conducir la investigación sobre los autores y encubridores, reparar las violaciones de los derechos humanos de las víctimas, transparentar las cuentas de los organismos de inteligencia del Estado, formar jueces y policías en el combate del terrorismo y liberar la información secreta para que jueces y fiscales avancen con la investigación. Caso contrario, el caso podría terminar con una condena internacional de la Corte Interamericana. 

A través de un comunicado, el CELS sostuvo que aún “no se ha desarmado del todo el entramado de relaciones entre sectores del poder político, los servicios de inteligencia y miembros del poder judicial que impide y resiste que avancen las causas judiciales por las que seguimos reclamando”. “Tras veintiséis años del atentado a la AMIA, años de lucha y de búsqueda de una verdad que aún no llega, la CIDH confirmó aquello que tanto denunciamos los familiares de las víctimas: el Estado argentino es responsable por la violación del derecho a la vida de los 85 muertos", arranca ese comunicado.

El exsecretario general de la policía internacional, Ronald Noble, volvió a pedir a las autoridades actuales del organismo que lo habiliten a prestar declaración, luego de recibir la convocatoria por parte del Tribunal Oral Federal (TOF) 8. Lo hizo a través de redes sociales, donde dio a conocer sobre la advertencia de Interpol respecto a que si declara podría estar "violando las obligaciones como exsecretario General".

El exsecretario general de Interpol Ronald Noble insistió esta tarde en su voluntad de declarar como testigo en la causa en la que se investiga si el memorándum de entendimiento entre Argentina e Irán, en el marco de la causa AMIA, tuvo por objetivo dar impunidad a los acusados, y reclamó que las autoridades de la central de la policía internacional lo habiliten a hacerlo.

Noble publicó veinticinco mensajes seguidos y numerados en su cuenta personal en Twitter, donde además adelantó lo que ya había declarado antes en la misma red social, y en entrevistas, sobre que ningún miembro del entonces gobierno de Cristina Fernández de Kirchner realizó gestiones para que se levantaran los pedidos de captura internacional ni las alertas rojas sobre los iraníes imputados.

En la catarata de mensajes, el exsecretario general de Interpol contó que recibió el lunes pasado la convocatoria a declarar ante la justicia argentina -tarde, porque ese mismo día estaba convocado a hacerlo- y que le llegó desde la central de Interpol, en Francia, con una advertencia que le recordaba que de declarar en la causa podría estar "violando las obligaciones como exsecretario General".

Noble remarcó -en los textos escritos en inglés- que cree que "Interpol debe asistir a la justicia argentina en la investigación de este asunto" y debe permitirle "que brinde testimonio" o bien responder directamente las consultas a través de la oficina del organismo en Buenos Aires.

En ese sentido, adelantó que si el actual secretario general de Interpol, Jurgen Stock, "no autoriza el testimonio o no ofrece un medio alternativo para brindar la información relevante para la justicia argentina", apelará la decisión ante el Comité Ejecutivo del organismo internacional.

El descargo público de Noble se produjo el día en el que el Tribunal Oral Federal (TOF) 8 había dispuesto que se le tomara declaración testimonial por videoconferencia, dado que vive actualmente en Dubai, acto que obviamente no se pudo concretar.

En su hilo de mensajes, el extitular de Interpol recordó además que, en diciembre de 2017, se puso a disposición de la justicia argentina a través del abogado Luis Moreno Ocampo, cuando se ofreció por primera vez como testigo.

"En su denuncia, el fiscal Alberto Nisman menciona en más de diez oportunidades que fui yo, como secretario General de #INTERPOL, quien impidió que se levantaran las notificaciones rojas en el caso AMIA. Le adelanto que mi testimonio no coincidirá con la denuncia. Argentina y sus representantes siempre le expresaron a #INTERPOL que las notificaciones rojas debían mantenerse", había señalado en aquella oportunidad.

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