Buenos Aires, 4 de agosto de 2020. Los terrenos pertenecen al grupo IRSA, la mayor empresa argentina inversora en bienes raíces que desde hace una década intenta la construcción, la que no logró concretarse pues para ello se requiere un cambio de zonificación de la superficie mediante una ley de la Legislatura porteña. En sus cinco intentos, el proyecto de cambio de norma urbana no fue aprobado debido a la falta de los votos necesarios para habilitar el emprendimiento.

Integrantes del CCC 6 informaron que con este antecedente, la empresa dividió ahora el predio en cuatro parcelas y elevó ante el Gobierno de la Ciudad un pedido de obra para una de ellas, en la que se busca levantar un centro comercial, según consignaron en el documento, de unos 2.500 metros cuadrados, es decir, de una dimensión menor.

Agrupaciones de vecinos presentaron un amparo para frenar la obra que recayó en el juzgado a cargo del doctor Darío Reynoso y fue promovido para que se declare la nulidad de las actuaciones administrativas por las que se otorgó a IRSA S.A. el permiso para realizar las obras: más de un millar de viviendas, galerías y locales comerciales, en terrenos próximos al predio y la cancha del Club Ferro Carril Oeste.

Los demandantes, quienes sostienen que los terrenos fueron adquiridos fraudulentamente con la intervención de un juez luego destituido, afirman que se violó el Código de Planeamiento Urbano y que, si se concreta el proyecto, se producirá un daño irreparable al medio ambiente y a los habitantes del barrio.

El CCC 6 y la junta comunal aseguraron que desde hace algunas semanas se realizan tareas de preparación de terrenos, a pesar de las restricciones vigentes por la emergencia sanitaria por la pandemia de covid-19 y el dictado de normas que restringen o suspenden numerosas actividades, entre ellas las de construcción que no sean demoliciones o excavaciones “de emergencia”, mientras una importante inmobiliaria de la zona ha comenzado a promover la venta de departamentos en Avellaneda 1400 bajo la modalidad de “emprendimientos desde el pozo”, ofreciendo a los  potenciales compradores la posibilidad de pagar el inmueble en dos partes: una durante la obra y la otra, tras la posesión, en un plazo de hasta 22 años.

En respuesta a los demandantes, el juez Reynoso notificó al Gobierno de la Ciudad de Buenos Aires para que, en un plazo de cinco días, se expida sobre un pedido de suspensión de los actos de construcción de unas torres y un centro comercial en el barrio porteño de Caballito. En el mismo plazo se fijó para la empresa constructora IRSA S.A., que lleva adelante el proyecto, que conteste la medida cautelar pedida por el Consejo Comunal de Caballito número 6 (CCC6) y la Junta Comunal. Además solicitó al GCBA copias digitalizadas del permiso que se habría otorgado para comenzar las obras.

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