Buenos Aires, 7 de julio de 2020. Cualquiera se puede contagiar un virus. Pero no cualquiera puede protegerse de un contagio. Sobre todo si la protección consiste en el aislamiento, la distancia social, la higiene frecuente. Para poder quedarse en casa hay que tener una. Pero muchas veces tampoco alcanza, sobre todo si esa casa tiene cocina y baño compartidos y en cada habitación se amontonan cuatro o cinco personas.

El operativo Detectar realizado en Balvanera a instancias del Comité Solidario de Emergencia de Comuna 3 puso de relieve esta tremenda realidad que afecta a decenas de familias cuyas vidas están tan precarizadas como la de los habitantes de las villas, sólo que disimuladas entre las casas de nuestro barrio. 

El diario Clarín publicaba el 11 de junio: “Según la información oficial, se relevaron 84 domicilios, hubo 187 hisopados en ‘contactos estrechos’ de casos ya positivos y 90 de ellos fueron diagnosticados con coronavirus”. Todos vecinos de Balvanera. Los funcionarios conocen esta realidad. “Realizamos un abordaje específico para este tipo de viviendas. Estimamos que sólo en Balvanera hay alrededor de 185 inquilinatos. Los tenemos a todos en el radar, porque son sitios en donde las condiciones habitacionales son de hacinamiento y cuando el virus ingresa, se esparce con mucha facilidad”, explicó a Clarín Gabriel Battistella, médico y subsecretario de Atención Primaria, Ambulatoria y Comunitaria del Ministerio de Salud de la Ciudad.

Clarín recordaba que “Según el último censo del año 2010, más de 36 mil porteños y porteñas viven en hoteles familiares, pensiones, conventillos, inquilinatos y casas tomadas. La mayoría de los casos de precariedad habitacional se concentra en unos pocos barrios del sur de la Ciudad: las comunas 1, 3 y 4 comprenden el 57% del total de las viviendas con estas características”.

En febrero de este año, antes de que hubiese casos de coronavirus en el país, los legisladores del Frente de Todos se reunieron con el Defensor del Pueblo Alejandro Amor para evaluar la propuesta de declarar la emergencia habitacional en la ciudad impulsada por el Defensor y constituir una Mesa Institucional de trabajo para el estudio y seguimiento de la problemática habitacional, a la que se integraron también el titular del Ministerio Público de la Defensa, el Asesor Tutelar y la presidenta de la Auditoría General de la Ciudad.

La situación más dramática que los convocaba es que en la Ciudad hay más de 7 mil personas en situación de calle -de las cuales 800 son niños- y que en ese momento cerca de 300 desalojos inminentes amenazaban a cientos de familias vulnerables. Muchos habitantes de hoteles, inquilinatos y conventillos que ahora además, están sin poder trabajar. 

Entre las cuestiones que destacaban incluían la “insuficiencia” de los subsidios habitacionales de entre 5 y 8 mil pesos para cada familia, el “proceso de inquilinización con el incremento de las personas que viven en hoteles e inquilinatos”; la “imposibilidad del acceso al crédito” para la vivienda y el vaciamiento de los programas del Instituto de Vivienda. El diario Infobae del 17 de febrero anotaba que “Según la oposición, en la ciudad ‘no se cumple el derecho al acceso a una vivienda digna a pesar de que está consagrado en el artículo 14 bis de la Constitución Nacional y en Tratados Internacionales’”.

Pese a que se conoce que las condiciones habitacionales precarias favorecen la propagación del virus, lo que aumenta el número de contagios, el gobierno de Larreta no ha hecho un abordaje específico de esta situación. Como tampoco con los habitantes de las villas ni los internados en hospitales neuropsiquiátricos, pese a los amparos judiciales que lo obligaban a hacerlo.

La iniciativa de generar un protocolo específico de prevención para los habitantes de estas viviendas precarias provino de un legislador de la oposición, pero es dudoso que la mayoría oficialista de la Legislatura lo sancione, si no hay un acuerdo del Ejecutivo local. La iniciativa se conoció después de que un hombre que vivía en un hotel y tenía coronavirus fue desalojado y murió en la calle, pese a que por decreto presidencial los desalojos están prohibidos en todo el país mientras dure la emergencia sanitaria. 

        Santiago Pujol

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