Buenos Aires, 24 de marzo de 2020. el jueves 12 de marzo Telam publicaba declaraciones de una integrante de la cooperadora de la escuela primaria numero 14 Ernesto Padilla, del barrio porteño de Caballito, quien afirmaba que solo en ese establecimiento "identificamos 42 alumnos con vómitos, diarrea y fiebre".

Los directivos del establecimiento hicieron la "denuncia correspondiente en la Supervisión de escuelas, donde se abrió el camino institucional" y que, por su parte los padres, realizaron "una denuncia en Anmat" (la Administración Nacional de Medicamentos, Alimentos y Tecnología Médica). La empresa concesionaria a cargo de las viandas escolares, contratada por el Gobierno de la Ciudad es Lamerich S.A. y que "no hay opción, no permiten a los alumnos lleven su propia comida, precisamente para evitar este tipo de inconvenientes y que alguno consuma algo en mal estado y se culpe a la escuela", digo la señora de la cooperadora.

Télam tomó conocimiento de otras denuncias de chicos intoxicados en las escuelas Joaquín V. Gonzalez (número 14); Andrés Ferreyra (número 1); Uriburu, todas del distrito escolar 7 y también en la escuela 5, Úrsula Llames de Lapuente del barrio porteño de Palermo.

La titular del Juzgado n° 1 en lo Contencioso Administrativo y Tributario de la Ciudad de Buenos Aires, Romina Tesone, ordena en el marco de los autos “Bregman, Myriam Teresa y otros c/ GCBA s/ medida cautelar autónoma”, expediente n.° 2972/2020-0, radicado en la Secretaría n° 2 de dicho Juzgado, difundir su existencia y objeto, según publicó Información Judicial el pasado 19 de marzo.

A tales fines, hace saber que dicha causa fue promovida por Myriam T. Bregman, Alejandrina Barry, Virginia Espeche y Cecilia Galbadini con el objeto de que se dicte una medida cautelar autónoma a través de la que se ordene al Gobierno de la Ciudad de Buenos Aires a que arbitre las medidas necesarias para garantizar un almuerzo saludable en todo establecimiento educativo público del nivel inicial, primario y secundario de la Ciudad y, en consecuencia, asegure: a) que el almuerzo se adecue al "menú escolar" previsto en el punto 4 del Anexo I del decreto 1/13, b) que dicho almuerzo sea elaborado según los criterios establecidos en las "pautas de alimentación saludable" previstas en el punto 3 del anexo I del decreto 1/13, y c) que el almuerzo incluya la totalidad de los grupos de alimentos previstos en los puntos 2 y 7 del Anexo I del decreto 1/13.

Asimismo, solicitan que se ordene al GCBA adoptar todas las medidas necesarias para garantizar que las viandas y almuerzos saludables sean elaborados y entregados en perfectas condiciones de salubridad e higiene.

En cuanto al estado actual del proceso, se ha ordenado correr traslado al GCBA por el plazo de dos días en los términos del artículo 15 de la ley 2145, al tiempo que se ha ordenado una medida para mejor proveer.

Se transcribe a continuación el auto que ordena la presente:

"Atento a lo dispuesto por el Acuerdo Plenario 4/2016 de la Cámara de Apelaciones del fuero, tratándose de un proceso colectivo, corresponde difundir la existencia de la presente acción, así como su objeto y estado procesal, a fin de hacer saber a los interesados que -en el plazo de diez (10) días a partir de la toma de conocimiento de lo aquí dispuesto- podrán presentarse en autos a los efectos de intervenir en el proceso y que el expediente se encuentra disponible para su consulta en a través del sistema informático ‘EJE’. Ello así, ordénese la publicación de los datos de la causa, su objeto y estado procesal, por el plazo de diez (10) días, en la página del Consejo de la Magistratura de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires y en los medios de difusión que tiene disponible dicho organismo de acuerdo con lo establecido en la Resolución Nº 116/2013. A tal fin, líbrese oficio por Secretaría -el que deberá ser enviado a través de los canales informáticos disponibles- a la Jefatura del Departamento de Información Judicial".

Las legisladoras María Bielli y Ofelia Fernández, del Frente de Todos, presentaron dos proyectos para que el gobierno porteño entregue detalles sobre la denuncia realizada por la comunidad educativa de la primaria Ernesto Padilla. Según señalan las diputadas, los chicos "se intoxicaron luego de almorzar tarta de verduras en el comedor del establecimiento" y denunciaron la "falta de control y sanciones sobre las empresas que concesionan el servicio de comedor en las escuelas".

Bielli y Fernández apuntan tanto al gobierno porteño como a la empresa proveedora del servicio que, según denuncian, ya contaba con "dos multas del gobierno de la Ciudad" pero se le renovó "la prestación de servicios hasta el 2020 por más de $ 613 millones" de pesos. "Falta control y sanciones sobre las empresas que concesionan el servicio de comedor en las escuelas. Lamerich es la segunda empresa proveedora del servicio alimentario en escuelas, Larreta debería cuidar la salud de les niñes no los beneficios de las empresas", afirmó Bielli.

Además, sostiene que la comunidad ha denunciado que "los análisis de bromatología correspondientes a los alimentos se encontraban a cargo de la misma empresa concesionaria". "La ciudad más rica del país no puede ni pensar en educar porque tiene que mandar a los pibes al hospital por la comida podrida que reparten", expresó la diputada Ofelia Fernández.

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