Buenos Aires, 17 de diciembre de 2019. Con el título de "Hasta el último minuto: los embates del macrismo contra la autogestión", hace cuatro días el portal de noticias del movimiento cooperativo Agencia de Noticias Solidarias (ANSol) publicaba una nota editorial con al firma de su editor Andrés Ruggeri. Ruggeri es Antropólogo y Director de la revista Autogestión para Otra Economía, también Director del Programa Facultad Abierta y Secretario de Empresas Recuperadas en FEDECABA. La nota dice así:

"El final del gobierno de Mauricio Macri se presenta convulsionado para las empresas recuperadas en la Ciudad de Buenos Aires, con amenazas de desalojo, beneficios a las patronales y leyes de riesgosas implicancias que afectan a cuatro cooperativas. También en el Gran Buenos Aires, el violento operativo contra la ocupación de la planta de Kimberly Clark demostró que la gobernadora María Eugenia Vidal iba a aprovechar hasta su último minuto en el gobierno para ir contra la autogestión. Otras empresas recuperadas arrastran deudas y complicadas situaciones productivas esperando un alivio con el cambio de gobierno. Más allá de estas circunstancias, que no escapan a las generales de los efectos de la perniciosa política económica macrista, lo que podemos observar en estos hechos es un avance contra la estabilidad jurídica, ya escasa, de las empresas recuperadas.

"Especialmente grave es la anulación de la expropiación de cuatro fábricas porteñas, sentando un peligroso antecedente, pues hasta ahora esto no se había dado nunca por medio de una ley (sí se habían dado fallos judiciales que desconocían o declaraban inconstitucionales las leyes de expropiación, además de los vetos de Macri, Larreta o Vidal). La norma votada sobre tablas a propuesta del Poder Ejecutivo de la Ciudad, en la última sesión con mayoría absoluta antes del cambio de la composición del cuerpo, va contra los fundamentos de las expropiaciones, argumentando que los motivos de utilidad pública que las fundamenta no se mantuvieron. Las recuperadas en cuestión son Trabajadores de MacBody, La Nueva Esperanza (ex Global), Cooperpel y Vieytes (ex Ghelco). Salvo la textil MacBody, que había sido expropiada en 2007, las tres restantes estaban contempladas en la ley 1529 y sus complementarias, llamada en el momento de su sanción, en noviembre de 2004, ley de expropiación “definitiva”. Como vemos, no lo fue tanto, porque solo en dos casos de los 13 originales y las empresas que se le agregaron después la ley fue cumplida mediante el pago de las indemnizaciones y el posterior pasaje a la cooperativa que debería pagar en 20 años el costo de la expropiación. Ese incumplimiento (que empezó con el gobierno de Telerman y continuaron Macri y Rodríguez Larreta) es justamente lo que da pie a la ley votada en una vergonzosa sesión en la que el gobierno de la Ciudad se desprendió de una gran cantidad de propiedades para ponerlas a disposición del negocio inmobiliario que es su especialidad. El otro motivo esgrimido es el supuesto no cumplimiento de las condiciones de la ley por las cooperativas, que según el texto enviado por el Poder Ejecutivo porteño “al ver reducido su personal, no cumplieron el fin público” al que la ley obligaba. Ni una palabra de la desastrosa situación económica que provocó el gobierno de Cambiemos y que llevó a duplicar el índice de desempleo y al cierre de miles de empresas, como si no tuviera relación alguna con la situación de las cooperativas afectadas. La ley intenta cubrirse de los reclamos reubicando, con un comodato gratuito, a las cuatro cooperativas en un inmueble en Villa Soldati, que dudosamente pueda ser reutilizado para la actividad industrial que llevan adelante las empresas expulsadas de sus predios.

"En la misma sesión, el legislador del PRO Claudio Romero presentó un proyecto, también aprobado, de condonación de la deuda de ABL a la empresa Mercoteles SA, que alega ser la propietaria del Hotel BAUEN, recuperado por sus trabajadores hace ya casi 17 años. No parece ser casual que esto sucede al mismo tiempo que la cooperativa está bajo la amenaza de la orden de desalojo emitida por la jueza Hualde para el 2 de diciembre. Con esta exención, el empresario Marcelo Iurcovich y sus aliados macristas aspiran a tomar posesión, sin deudas y en pleno funcionamiento, de un hotel que no gestionan desde diciembre de 2001, cuando lo quebraron y abandonaron. En los fundamentos, el diputado Romero trata a los trabajadores de “usurpadores” y afirma que el “derecho a la propiedad es un principio inalterable de la vida democrática”, por lo que, al no poder ejercerlo, se le deben condonar al titular las deudas con el Estado.

"Todo esto, mientras el diario La Nación, en una violenta editorial atacando a la cooperativa BAUEN y a todas las empresas recuperadas, habla de la defensa de la propiedad privada, la seguridad jurídica (para los capitales, no para el trabajo) y de la “mentira populista de las empresas recuperadas”. Una ofensiva mediática, legislativa y judicial para intentar aprovechar los últimos días del macrismo en el gobierno. Confiamos en que, a partir del 10 de diciembre, el Estado argentino va a ocuparse de proteger a sus trabajadores autogestionados del salvajismo del capital."

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