Buenos Aires, 12 de noviembre de 2019. La Comisión Interamericana de Derechos Humanos (Cidh) realizó ayer una audiencia de alegatos, último paso antes de que el organismo dictamine sobre la responsabilidad internacional del Estado argentino por la "falta de prevención del atentado a la Amia, el desvío y encubrimiento de la investigación, la denegación de justicia y la falta de verdad", informó CELS en un comunicado. Luego, el caso pasará a ser tratado por la Corte Interamericana de Derechos Humanos.

La Cidh convocó a la audiencia, en la que estarán presentes representantes del Estado, a partir de un pedido de Memoria Activa y el Centro de Estudios Legales y Sociales (Cels). Hace 20 años, en 1999, los familiares y amigos de las víctimas del atentado a la Amia agrupados en Memoria Activa denunciaron la responsabilidad de la Argentina por la falta de respuesta y por las irregularidades manifiestas para encubrir el atentado, que ya eran públicas.

El pedido de Memoria Activa y el Cels responde también al "incumplimiento" del Estado de los compromisos asumidos en 2005, con el decreto Nº 812. Mediante ese decreto, con fecha 12 de julio de 2005, se aprobó el Acta suscripta el 4 de marzo de ese mismo año en la CIDH, por medio de la que el PEN reconoció la responsabilidad internacional del Estado y se propuso una serie de medidas para garantizar la investigación del atentado ocurrido el 18 de julio de 1994.

Fue luego de que se conocieran los detalles por el pago ilegal a Carlos Telleldín y de que el Tribunal Oral Federal (TOF) Nº3 anulara la investigación del ex juez Juan José Galeano en 2004, que el Estado argentino reconoció su responsabilidad internacional con la firma de un acta y del decreto 812/05. "Sin embargo, a 25 años del atentado los familiares siguen sin respuestas y el Estado no avanzó en la agenda de reformas institucionales comprometidas para evitar que hechos como estos se repitan", señaló el Cels.

El atentado a la AMIA fue un ataque terrorista con coche bomba? que ocurrió el lunes 18 de julio de 1994. Se trató de uno de los mayores ataques terroristas ocurridos en Argentina, con un saldo de 85 personas asesinadas y 300 heridas, y el mayor ataque contra objetivos judíos desde la Segunda Guerra Mundial. La comunidad judeoargentina con casi 300.000 personas, de las cuales más del 80% vive en Buenos Aires, es la más numerosa de América Latina y la sexta mayor del mundo.

Hasta 2018 se habían realizado dos juicios orales contra personas acusadas de ejecutar o encubrir el atentado. El primer juicio (2001-2004) reveló un amplio encubrimiento en el que estuvo incluida la justicia argentina y los servicios de inteligencia, y absolvió a todos los acusados.

El segundo juicio se inició en 2015, dictándose sentencia el 28 de febrero de 2019. En el mismo fueron condenados por encubrimiento y corrupción el exjuez de la causa AMIA Juan José Galeano, el exjefe de los servicios de inteligencia Hugo Anzorreguy, Carlos Telleldin y otros altos funcionarios del Estado argentino. Los ex fiscales fueron absueltos por todos los delitos por los que fueron acusados y condenados por el incumplimiento de los deberes de funcionario público, por el cual no habían sido requeridos. El fallo no se encuentra firme.

La justicia argentina detuvo a varias personas acusadas de haber participado en el atentado, la mayoría oficiales de la Policía Bonaerense, que llegaron a permanecer en prisión durante casi una década. En el juicio oral realizado entre 2001 y 2004, se probó que la justicia argentina y los servicios de inteligencia habían fraguado las pruebas en su contra y fueron liberados. También fue detenido en Londres quien fuera embajador de Irán en Argentina Hadi Soleimanpour, acusado por la justicia argentina de ser uno de los organizadores del atentado, pero la justicia del Reino Unido lo liberó luego de examinar la causa, concluyendo que no existían pruebas que lo involucraran.

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