Buenos Aires, 8 de octubre de 2019. En 2006, los habitantes del edificio conformaron una cooperativa -ahora llamada Papa Francisco- y en 2010 intentaron comprar la casa mediante una subasta pública, pero fue el empresario Leonardo Ratuschny, dueño de muchos de los hoteles donde el GCBA ingresa a las familias desalojadas y en situación de calle a las que les ha otorgado un subsidio habitacional, quien obtuvo el inmueble de aproximadamente 46.000 metros cuadrados a 1,5 millones de pesos e inició una demanda en Tribunales para ordenar el desalojo de sus habitantes. 

La resistencia de las 106 familias junto con el respaldo de diferentes organizaciones sociales, lograron suspender la medida ordenada por el juez Fernando Cesari, a cargo del juzgado Nacional Civil N° 60 que se iba a producir entre los días 18 y 20 de septiembre. Una de las organizaciones que más apoyó el reclamo fue la Asociación Civil para la Igualdad y la Justicia (ACIJ), presentándose como amicus curiae para solicitar la suspensión. "Un desalojo en esta instancia sin ofrecerle una solución habitacional a las 350 personas que actualmente viven en el lugar y teniendo en cuenta que un 6% posee algún tipo de discapacidad o enfermedad crónica, y 131 son niños/as -que se encuentran escolarizados/as en establecimientos de la zona-, dejaría en situación de calle a las personas que residen en la casa, violando su derecho a acceder a una vivienda adecuada reconocido por la Constitución Nacional y la Constitución de la Ciudad", sostuvo. 

La ACIJ señaló además que "la ley 341 que da capacidad al Instituto de la Vivienda de la Ciudad (IVC) de otorgar créditos hipotecarios a tasa preferencial, establece que tiene que haber un crédito para llegar a una solución habitacional de manera colectiva", algo que en este caso no ocurrió. Los abogados de la Asociación expresaron que en este tiempo el GCBA sólo se limitó a ofrecer subsidios que van desde 5000 a 8000 pesos por seis meses, lo que no constituye una solución. 

Las familias convocaron a una jornada de resistencia y montaron desde la noche del 17 una olla popular y una radio abierta. A las 8.10 llegó un oficial de justicia con dos efectivos policiales que se encontraron con mucha gente, por lo que finalmente Cesari ordenó que las partes firmaran un acta en la Comisaria 28ª, en la que el oficial de justicia interviniente detalló que no contaba "con los medios necesarios" para efectivizar el desalojo "sin que corra riesgo la integridad física de todos los presentes", y consignó que no estaba en el lugar personal del programa Buenos Aires Presente.

La doctora Rosa Herrera, abogada de la cooperativa Papa Francisco, señaló que "la ausencia de funcionarios porteños demuestra la falta de voluntad política para resolver el problema". "En el fuero nacional nuestros recursos jurídicos se agotaron, lo que se consiguió fue a fuerza de lucha y sumando más actores. El resorte fundamental para poder resolver el tema está en manos del gobierno de la Ciudad".

 

Compartir nota en las redes sociales Enviar Imprimir