Buenos Aires, 3 de setiembre de 2019. El debate público llegó luego de que el juez Aurelio Ammirato suspendiera en marzo pasado la explotación económica del emprendimiento, y ordenara un nuevo estudio de impacto ambiental tras hacer lugar al amparo presentado por la Fundación Ciudad. 

El abogado Jonatan Baldiviezo, que lleva el patrocinio jurídico de esta fundación, expresó que "el gobierno había otorgado permiso como centro deportivo y barrial. No hizo los procedimientos correspondientes a lo que será el estadio cubierto más grande de la Argentina, y lo categorizó como de ´Impacto ambiental sin relevante efecto´, cuando está emplazado en un barrio residencial".

Según explicó, "tras la suspensión de marzo, la empresa volvió a presentar un estudio de impacto ambiental. La Agencia de Protección Ambiental (APRA) realizó un dictamen técnico y convocó a la audiencia pública. Luego de la audiencia, el gobierno debe decidir si otorga o no el permiso ambiental". Y recordó que la construcción del estadio está plagada de irregularidades. 

La trama que permitió que se levante el estadio cubierto se inició en 2003 cuando el terreno privado fue expropiado, a través de una ley de la Legislatura, para hacer un centro cultural, una escuela y destinar una parte para el Club Atlanta. Sin haberse cumplido con el objetivo de la ley, años después, en 2012, otra norma le otorgó las tierras en comodato al club por 20 años con el objetivo de ampliar su sede social y las instalaciones deportivas.

Baldiviezo remarcó que con la ley de 2012 "entró en juego la empresa Lugones Center que recibió un crédito de 100 millones del Banco Ciudad y que sin terminar la obra se declaró en quiebra. El banco llegó a un acuerdo con la empresa para buscar nuevos inversores. Ahí aparece Buenos Aires Arena, que asume el proyecto. Pero para eso se cambió la ley -en septiembre de 2017 la Legislatura sancionó la ley 5874- y se llevó el plazo de concesión de 20 a 40 años".

Gustavo Perrone, integrante de Vecinos Autoconvocados de Villa Crespo contra el Megaestadio Arena, dijo en la audiencia que "nosotros presentamos un proyecto en la Legislatura donde lo que planteamos es que se vuelva al espíritu de la ley original y que en el Arena sólo se realicen espectáculos deportivos, no recitales y que se disminuya el tiempo de concesión de 40 a 20 años". Y Alberto Aguilera, vecino de Balvanera e integrante de la red de vecinos autoconvocados Manzana 66 Verde que frenó la construcción del estadio en su barrio y consiguió hacer una plaza y una escuela inicial para 300 chicos, expresó que entre los cien recitales anuales y los partidos de Atlanta "los vecinos se van a encontrar un tercio del año impedidos de circular libremente  por la cuadra de su casa".

Mientras tanto, avanza la construcción y la empresa continúa organizando recitales para noviembre y diciembre en un estadio sin habilitación.

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