Buenos Aires, 9 de julio de 2019. En 2013 conformaron la Asamblea de Recuperación del Cine Teatro Urquiza y junto a entidades barriales, clubes de la zona, actores y miembros de la cultura, bregaron por la preservación de este espacio cultural y la protección de su valor patrimonial a través de la presentación de proyectos de ley en la Legislatura y amparos judiciales.

 

El Tribunal Superior de Justicia de la Ciudad de Buenos Aires convocó a audiencias durante el año 2017 con el objetivo de buscar un entendimiento entre los vecinos, el Gobierno de la Ciudad y la empresa propietaria Establecimientos Campana S.A. En ellas los vecinos plantearon que los dueños debían ajustarse al cumplimiento de la ley nacional 14.800 que establece que donde se demuele un teatro se debe construir una sala de similares características respetando la capacidad de la sala al 90%, el Estado tenía que buscar que el espacio cumpla una función cultural y social, la misma por la cual nació el cine-teatro y ellos aportar ideas para su funcionamiento,  preservando la historia e identidad barrial. 

 

Los dueños del inmueble prometieron presentar un proyecto en el plazo de tres meses que cumpliera la normativa y pudiera satisfacer a los vecinos, quienes pidieron a los representantes de la Ciudad presentes que le facilitaran a la empresa los trámites para que la propuesta no fuera perdidosa.

 

En la última convocatoria del 2018, se firmó un acuerdo ante el Tribunal Superior de Justicia porteño: el barrio conservaría su espacio cultural y los inversores levantarían su edificio de oficinas. Allí, Establecimientos Campana S.A., se comprometió a construir una sala teatral destinada a la actividad cultural dentro de la normativa urbanística y edilicia vigente. El proyecto contemplaba nueve pisos, con una sala específica para cine-teatro, otra para actividades culturales y espacios para el uso teatral, manteniendo la fachada actual. 

Transcurrido un año del acuerdo, no sólo no se han iniciado las obras, sino que Establecimientos Campana acaba de demandar a los vecinos reclamando 400 mil pesos por los daños y perjuicios que le habría causado el amparo presentado por los asambleístas para que se cumpla con las leyes que protegen la actividad teatral y el patrimonio cultural porteño. 

Según los asambleístas, la persecución judicial a través de juicios civiles, que buscan castigar los bolsillos de los vecinos y organizaciones que reclaman para que se cumplan las leyes ambientales y urbanísticas en la ciudad, es una metodología reiterada por las constructoras y el gobierno porteño que ven el espacio urbano como un ámbito para el negocio inmobiliario, y en este caso los perjuicios por los que reclama la empresa no fueron producto de la acción del amparo, sino porque los proyectos presentados por los dueños del predio fueron rechazados por el gobierno al no cumplir con las normas.

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