Buenos Aires, 23 de abril de 2019. En el marco de una investigación desarrollada por la Fiscalía en lo Criminal y Correccional Federal N°12, a cargo de Alejandra Mángano, a raíz de una denuncia de presentada por la Unidad Fiscal para la Investigación de Delitos cometidos en el Ámbito de Actuación del Instituto Nacional de Servicios Sociales para Jubilados y Pensionados (UFI-PAMI) que encabeza Javier Arzubi Calvo, en la tarde del martes pasado se allanó el Servicio de Anatomía Patológica de la Unidad Asistencial "Dr. César Milstein" -ubicado en el barrio porteño de San Cristóbal- y se detuvo a la responsable del mismo y a otro médico, que integra el plantel de personal. 

Además, también se realizaron allanamientos en un laboratorio privado de la localidad bonaerense de Pilar y en los domicilios de los dos imputados. El procedimiento fue ordenado por el Juzgado en lo Criminal y Correccional Federal N°10, a cargo de Julián Ercolini. Los implicados recuperaron la libertad en las últimas horas luego de prestar declaración indagatoria.

La investigación se inició la semana pasada, como consecuencia de la denuncia penal formulada por la UFI-PAMI, luego de que, por disposición del Director Ejecutivo del INSSJP, Sergio Cassinotti, se presentara el director médico de la Unidad Asistencial "Dr. César Milstein", ubicado en La Rioja al 900, Jacinto Alberto Lazo, y manifestara que la médica imputada estaría utilizando patrimonio del PAMI para su provecho personal, lo que habría causado un perjuicio millonario a la institución. A la denuncia se sumó el testimonio de una empleada quien había hallado en el laboratorio 40 muestras para analizar que pertenecían a pacientes de un sanatorio privado del barrio de Caballito. A partir de esa declaración se llegó a la conclusión de que no solo se hacían las biopsias en el laboratorio sino que además se enviaban los resultados a los pacientes desde las computadoras del Milstein.

De acuerdo a la denuncia, la responsable del Servicio de Anatomía Patológica, junto al otro médico detenido, habrían utilizado dichas instalaciones, insumos, tecnologías y recursos humanos de esa área, para realizar estudios patológicos encargados por clientes de su laboratorio privado, ubicado en la localidad bonaerense de Pilar. Entre las circunstancias incluidas en la denuncia penal efectuada, se incluyen el ingreso de personal al Servicio de Anatomía en horarios llamativamente inusuales –como ser horas de la madrugada- y un aumento considerable en las cantidades de insumos requeridos en las solicitudes de compra por parte de la imputada dirigidas a la Dirección de la Unidad Asistencial, sin que haya mediado un aumento en la demanda de servicios.

La denuncia de Arzubi Calvo señala: "Concretamente, el Director Lazo denunció que lo que estaría sucediendo consiste en el ingreso al Servicio de Anatomía Patológica de muestras de pacientes de otras instituciones de salud, confeccionándose análisis y elaborándose informes para terceros utilizando la tecnología, insumos, instalaciones y recursos humanos de la Unidad Asistencial. Que se ingresarían alrededor de mil (1000) muestras mensuales de esa manera a un valor que rondaría entre seis mil a diez mil pesos por muestra".

"En el caso en estudio-se explica en la denuncia-  los responsables del Servicio de Anatomía Patológica del Sanatorio César Milstein estarían defraudando al Instituto mediante la desviación de sus insumos, computadoras, impresoras, personal a su cargo, para la realización de biopsias e informes histopatológicos correspondientes a pacientes que no serían beneficiarios de la Obra Social Nacional, obteniendo para sí un lucro indebido y perjudicando el patrimonio del INSSJP-PAMI".

En los procedimientos efectuados por agentes de la División de Investigación de falsificación y adulteración de Fármacos de la Policía Federal Argentina con la asistencia de personal de la UFI-PAMI se secuestraron muestras de tejido humano e informes correspondientes a estudios encargados por diferentes instituciones de salud de Capital Federal, como también computadoras, pendrives y teléfonos celulares.

El procesó lo tomó el juzgado a cargo de Julián Ercolini y la fiscal Alejandra Mángano, por el cual se imputó a la médica y a sus colaboradores. Sin embargo, los implicados recuperaron la libertad en las últimas horas. El juez a cargo del caso les fijó una fianza de 500.000 pesos y seguirán bajo investigación por el delito de fraude a la administración pública.

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