Buenos Aires, 12 de febrero de 2019. "El Centro Gallego de Buenos Aires vuelve a quedarse sin directiva", publicó el periódico La Voz de Galicia un despacho de su corresponsal Javier Vence el domingo. En el mismo se consigna que "El presidente del Centro Gallego de Buenos Aires, Ramón Suárez Álvarez, no tomará posesión de su cargo mientras ´no se resuelva la deuda que la entidad mantiene con los trabajadores en actividad, alrededor de unos 400 empleados, y con los que se acogieron al retiro voluntario´. En estos términos se expresaba ayer el directivo, que fue elegido para el cargo en unas elecciones celebradas en septiembre del año pasado." Pero la asamblea finalmente fue suspendida.

El Boletín Oficial de la República Argentina publicó ayer el anuncio por lo que se suspende la Asamblea General.  La esperada asamblea ya había sufrido al menos un atraso. Ahora la reunión en la que los socios deberían votar una posible oferta para vender su hospital y evitar la quiebra se esfuma. Entre las razones alegadas por el Interventor para suspender la asamblea  está "que los eventuales oferentes, solicitaron un plazo mayor para la presentación de las ofertas para la adquisición del inmueble sito en la Av. Belgrano 2199, CABA y sus anexos".

Los "eventuales oferentes" se refiere, según fuentes próximas al Centro consultadas por el periódico español Galiciapress, los grupos privados Ribera Salud y Basa Salud.

"Lo de "eventuales" es un matiz importante", consigna la publicación mencionada. "Según las citadas fuentes, ninguno de los dos grupos ha concretado a los socios sus propuestas por escrito, pese a que un sindicato, el de Sanidad, llegó a hablar en su día de una inyección de 50 millones de dólares", remata.

Esta asamblea debía haberse realizado en diciembre. A fin de año se conoció la decisión del interventor de postergarla hasta el 11 de febrero. En ella debían tomar posesión del cargo los nuevos directivos electos de la Mutual. La postergación se oficializó sin motivos el Día de los Inocentes. En la asamblea debían aprobarse los balances de la mutual correspondientes a los años 2012 al 2017, que tienen objeciones de los socios.

La Intervención Judicial no había explicado entonces los motivos por los que tomó la decisión de postergar la convocatoria de la asamblea extraordinaria en la que deben participar los 90 representantes de socios habilitados. El actual interventor, Martín Miguel Moyano Barro, fue designado para administrar la entidad el 22 de abril del 2016 por decisión del Juzgado Nacional Primera Instancia en lo Civil 54 de Argentina. Ahora alega un reclamo de tiempo de los eventuales inversores.

La crónica de La Voz de Galicia antes citada señala otro rasgo de la crisis. "Cinco meses más tarde aún no se ha hecho efectiva la designación de Ramón Suárez y su equipo directivo porque ´no se han dado las condiciones necesarias´, aseguró, y la situación del centro ´está peor´ que en el 2012, año en el que el Estado argentino se hizo cargo del inmueble hospitalario. Fue precisamente a partir de esa fecha cuando comenzó el declive de un centro que había sido una referencia sanitaria en la capital del país, y poco después de que la Xunta de Galicia decidiese concluir la relación que mantenía a través de la Fundación Galicia Saúde con una última aportación de más de 11 millones de euros." 

La situación del Centro es crítica porque está librado a lo que pueda gestionar por sí mismo. Por eso, Ramón Suárez advierte de que la salvación estaría en Ospaña (Obra Social de los Inmigrantes Españoles y sus Descendientes Residentes en la República Argentina), de la que formaba parte el Centro Gallego, y de la que fue excluido después de una polémica operación de la Xunta y del Gobierno central español, duramente criticada por miembros de la actual directiva desde hace tiempo y que aún no se revirtió.

Culmina su nota el corresponsal del periódico gallego diciendo "Ahora, Suárez y su equipo rechazan asumir las responsabilidades de una entidad que, dice, está en peores condiciones que cuando el Estado argentino la intervino. ´Después de seis años de intromisión del Estado argentino, no me parece lógico que los socios del Centro Gallego reasuman el manejo de la entidad cuando nos la devuelven peor que cuando la tomaron´, consigna dichos de Suárez Álvarez." Y remata "El presidente declaró también que llevará su posición a la próxima asamblea de representantes de socios, convocada por la Intervención de la Justicia argentina para este mismo lunes, a las seis de la tarde, en el Teatro Castelao. Los socios del Centro Gallego serán informados de que la directiva elegida no asumirá sus cargos, y no se evaluará para su aprobación la oferta de compra del inmueble. Consecuentemente, tampoco se abrirá el proceso que permitiría la externalización de la gerencia, mediante un procedimiento de contratación."

A fines del año pasado circuló la noticia de que un grupo argentino de gestión de sistema de salud privada habría hecho informalmente una oferta de hacerse cargo de la difícil situación del Centro. Esa oferta aportó esperanzas a la agonía del histórico Centro Gallego de Buenos Aires, pero aún no se concretó formalmente. La empresa BASA apostaría por la gestión del hospital sin exigir la adquisición del emblemático edificio, al contrario que Ribera Salud, un grupo español cuya oferta de hace un año tampoco se ha llegado a oficializar.

Según fuentes sindicales, la oferta del grupo BASA consistiría en aportar ya fondos para arreglar la grave situación de los trabajadores (400 en activo y más de mil acogidos a una jubilación voluntaria) a los que se les adeudan importantes cantidades, así como atender a los socios en algunos de los hospitales de su red en Buenos Aires mientras lleva a cabo una rehabilitación del edificio para poder explotarlo lo más pronto posible.

El Grupo Rivera, de capitales españoles, pretende quedarse con el inmueble de avenida Belgrano para realizar un desarrollo inmobiliario, pero había escogido como socio argentino a la Fundación Favaloro, de gran prestigio, pero ella misma en quiebra en este tiempo.

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