Buenos Aires, 5 de febrero de 2019. La política de seguridad no da muchas satisfacciones al macrismo. Pese a todo lo modificado en la Ciudad, creando la Metropolitana primero y unificándola luego con la Federal, sumando miles de efectivos y protagonizando una serie de violentos hechos represivos, el delito sigue su progresión ascendente. 

"De acuerdo a un informe del gobierno porteño, en 2018 los robos aumentaron un 3,44 por ciento con respecto a 2017 y se registraron más de 70 mil asaltos. La mayoría fueron cometidos por los llamados ´motochorros´. El barrio de Balvanera tiene la tasa de delitos más elevada por habitantes, aunque marcha segundo después de Palermo por la cantidad de "ilícitos cometidos", informamos el 22 de enero en nuestro portal web. Esto lo percibe la gente. Como publicó La Nación, se refleja en las encuestas que llegan a las oficinas de Larreta. "De los sondeos surge que los porteños perciben que hay más agentes custodiando las calles y evalúan positivamente la labor de la Policía de la Ciudad. Sin embargo, dicen que se sienten más inseguros". Parece que algo no cierra.

Dispuesto a reponerse del bochorno de la suspensión de la Copa Libertadores por el ataque violento al micro de Boca en noviembre, Larreta barrió con el ex ministro Ocampo y puso a cargo del área a Diego Santilli. Un componedor de relaciones con el gobierno nacional, en este caso con la promotora de la mano dura, Patricia Bullrich.

Forzado por la interna, Larreta cambió de opinión en menos de un  año. En febrero de 2018 le había cerrado la puerta a la propuesta de que la policía porte pistolas de electroshock, más conocidas como Taser. "Es una tecnología que en el mundo no se está utilizando mucho", había señalado entonces el jefe de Gobierno porteño. Pero ahora lo ve necesario. 

Es Lilita Carrió, en esta oportunidad, la que acusa a Bullrich de "bolsonorizar" la gestión.  No es la única que lo observa. A principios de enero, La Izquierda Diario publicaba: "En apenas un mes el Gobierno anunció un nuevo protocolo para la Policía que habilita el gatillo fácil, ordenó la compra de pistolas Taser, anunció que insistirá con bajar la edad de imputabilidad y busca deportar a más de mil extranjeros. Sin posibilidad de hablar de economía, Bullrich se mira en el espejo de Bolsonaro y aumenta la criminalización".

Es un arma diseñada para incapacitar a una persona mediante una descarga eléctrica, inmovilizándola temporalmente. Dispara proyectiles que administran una descarga eléctrica a través de un cable. Las Taser ha recibido fuertes críticas por parte de organizaciones de derechos humanos, así como por el Comité contra la Tortura de la Organización de las Naciones Unidas, que dictaminó que el uso de armas Taser provoca un dolor intenso, constituye una forma de tortura, y en algunos casos, puede incluso causar la muerte.

La discusión en la Ciudad sobre la incorporación de estas armas no letales en el armamento de las fuerzas de seguridad comenzó en 2010, cuando la entonces denominada Policía Metropolitana daba sus primeros pasos. En ese momento aparecieron objeciones por parte de organismos de derechos humanos que apuntaban tanto a muertes ocurridas por su uso en otros países como al peligro de que sean utilizadas como picanas.

Entre las críticas, la compra de las Taser se judicializó y la Justicia porteña prohibió su utilización. Sin embargo, en 2015, el Tribunal Superior de Justicia porteño revocó por mayoría el fallo de la Sala II de la Cámara de Apelaciones en lo Contencioso, Administrativo y Tributario y habilitó su uso.

El secretario general de la Asociación de Trabajadores del Subte, Roberto ´Beto´ Pianelli, consideró que es una "locura total" la utilización de pistolas Taser en el subte, como anunció el gobierno porteño, por lo que el sindicato evaluará medidas de protesta en conjunto con organismos de derechos humanos que ya cuestionaron la utilización de esas armas.

"Es una locura total. No entienden el peligro. Una acción de ese tipo puede generar un caos en el subte. Están manejando una violencia inconcebible", dijo el sindicalista. Señaló que el sindicato va a hacer una serie de consultas con organizaciones de derechos humanos, para "hacer una acción de protesta todos juntos". "No se trata solamente de un problema de los trabajadores del subte sino de todos los usuarios y toda la sociedad", agregó. "Vamos a hacer también una campaña pública para convocar a la gente a manifestarse contra esta medida", indicó.

"La delincuencia no se resuelve con acción represiva, en todo caso con una Policía eficiente y mejor preparada", razonó el presidente de la bancada de Unidad Ciudadana Carlos Tomada, al tiempo que sumó: "Hemos rechazado las (pistolas eléctricas) Taser por el efecto que producen. Cuando no hay infiltrados las manifestaciones son pacíficas, no es necesario desplegar un aparato represivo".

El rechazo de la oposición también se alimenta con razones económicas. Se descubrió que cada disparo de las Taser sale 30 mil pesos, un monto que es discutido por especialistas en la materia y que muestra la mala administración del Ejecutivo en plena crisis económica. Además, en el combo, viene con el reconocimiento facial de los usuarios del subte, con el pretexto de identificar a los delincuentes. Así, todos estaremos rigurosamente vigilados.

Santiago Pujol

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