Buenos Aires, 15 de enero de 2019. Desde hace un mes que la agrupación Memoria Activa, que integran familiares de víctimas en el atentado a la Asociación Mutual Israelí en Argentina (AMIA), lo había anticipado, remarcando su rechazo. Así lo dijeron: "#AMIA Tal como lo anticipamos hace un mes, desarman la UFI-AMIA y ¿a quién ponen a cargo? Al sobrino de la fallecida camarista Riva Aramayo, partícipe del encubrimiento del atentado.#ImpunidadSinLimites", escribieron en twitter.

Finalmente, la designación del hasta ahora fiscal federal de Morón, Sebastián Basso, a cargo de la Unidad Fiscal de Investigación (UFI) AMIA, encuentra sus críticas, en momentos relevantes.

Es que, en febrero próximo continuarán los alegatos del proceso judicial que ya se extiende por tres años, que indaga en el encubrimiento del atentado, después de que la primera investigación, a cargo del hoy procesado juez Juan José Galeano, fuera declarada nula.

En el juicio que confirmó el pago de un soborno de 400.000 dólares de parte de la SIDE al reducidor de autos Carlos Telleldín, también están imputados Carlos Menem, los ex fiscales Mullen y Barbaccia, directivos de la exsecretaría de Investigación, la DAIA y otros partícipes en el hecho.

El rechazo a Basso de parte de Memoria Activa es claro. "Y ahora el procurador Casal, designó sin avisar a un nuevo fiscal en la UFI-AMIA. Sebastián Basso deberá investigar las maniobras encubridoras en las que participó su tía, la fallecida camarista María Luisa Riva Aramayo, actor clave en el desvío de la investigación", describieron vía redes sociales.

Riva Aramayo hubiera sido, de no haber fallecido a principios del siglo, seguramente juzgada. Fue una de las visitas que recibió Telleldín mientras cumplía su condena a mediados de la década de 1990.

Ahora, su sobrino, de quien sospechan familiares, cerrará una querella en el caso, que ya dio un giro contrario a la búsqueda de verdad y justicia en los últimos tiempos, merced a la aparición del ministro de Justicia Germán Garavano, de amplia cercanía con los ex fiscales que son juzgados. La intervención de Garavano precipitó un conflicto pública con la diputada Carrió y la renuncia de varios funcionarios participantes de la investigación de la causa AMIA en el Ministerio de Justicia, entre ellos el ex legislador radical Mario Cimadevilla. 

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