Buenos Aires, 8 de enero de 2019. La ciudad de Buenos Aires siempre estuvo orgullosa de su vida cultural. Por eso, invariablemente, el Estado invirtió cuantiosos recursos para promoverla. El mejor teatro lírico del mundo, nuestro Teatro Colón, es un ejemplo. Pero hay muchos. Escuelas de arte, teatros oficiales, premios literarios, museos. Ese esfuerzo no sólo se orientó a iniciativas oficiales sino también a sostener actividades comunitarias, como los grupos de teatro independientes, con subsidios anuales otorgados por Proteatro. 

En 2006, por iniciativa del entonces legislador porteño Miguel Talento, nuestra Legislatura sancionó la Ley 2035 de Protección y Fomento de las Bibliotecas Populares, hasta entonces no alcanzadas por un régimen promocional en el ámbito porteño.

La ley estableció en su artículo 3º que estas Bibliotecas gozarían, entre otros, de subsidios destinados "a solventar los gastos corrientes y de capital". En el artículo 4º la ley 2035 diferenció entre subsidios mensuales y especiales, y precisaba el monto del primero: "Subsidio mensual cuyo monto es el equivalente a dos remuneraciones mínimas del personal de planta permanente del Ministerio de Cultura del Gobierno de la Ciudad de Buenos Aires". 

Expresado de este modo, cualquiera diría que el gobierno posee toda la información requerida para poder cumplir la ley en tiempo y forma. "Dos remuneraciones mínimas del personal de planta permanente", dice la ley. Parece claro, ¿no? Pero para el gobierno actual no lo es.

El primer obstáculo ha sido que, en un contexto de alta inflación como el que vivimos, ahora más acentuado, los trabajadores reclaman cada año su actualización salarial en negociaciones paritarias y muchas veces ésta se pacta escalonada a lo largo del año. Tanto es así que, por caso este año, hubo que ampliar tres veces el presupuesto aprobado el año pasado, para dar lugar a las mayores erogaciones. 

Así las cosas, a las Bibliotecas Populares les empezaron a liquidar en base al sueldo que regía al momento de confeccionar el presupuesto -setiembre del año anterior- y no teniendo en cuenta las remuneraciones efectivamente pagadas a los trabajadores en ese momento. De forma que siempre están corriendo de atrás a la inflación. 

Pero las cosas pueden ser peor. En 2017 empezaron los verdaderos problemas. No se actualizó plenamente la partida presupuestaria destinada a cumplimentar el subsidio, razón por la cual, la Dirección del Libro porteña, que debe entregarlos, tuvo que incrementarlos menos de lo que habían subido los salarios. Y en 2018, la cosa se hizo más grave. Simplemente y por correo electrónico, informó que no habría ninguna actualización. El resultado es que hoy ese subsidio apenas llega a la mitad de lo que debería ser, si se toma como referencia los salarios pagados en 2017, que no son los actuales.

El asunto preocupa y mucho a las 33 bibliotecas populares porteñas, por lo que han hecho múltiples gestiones para entender primero y tratar de poner remedio a la situación después. De la Dirección del Libro a la Legislatura, unos y otros alegan que el accionar de los demás es lo que genera el error. Pero nadie hace nada para resolverlo. Y entre tanto, pasan los meses y las bibliotecas acumulan problemas y deudas que amenazan su continuidad.

También intervino la Defensoría del Pueblo, pidiendo informes al Ministerio de Cultura porteño, del que depende la Dirección del Libro. Nota va, nota viene, se suceden las respuestas parciales y las dilaciones en resolver el problema. Pero al menos queda claro que existe, como lo reconocen los mismos funcionarios. 

Por caso, en nota firmada por el Lic. Di Fonzo, Director Administrativo del Ministerio, éste reconocía que "…el importe equivalente a la remuneración mínima del personal de planta permanente (…) es, a partir de Setiembre de 2017, de $18.201 de acuerdo a la Grilla Salarial de SUTECBA", el sindicato de los estatales porteños. El mismo funcionario, en otra nota de agosto del año pasado, reconoció sin embargo que "en función del monto aprobado por la legislatura para hacer frente a este ítem presupuestario (…) el monto promedio mensual asignado a las bibliotecas populares fue de $ 19.649,80". O sea, que la ley no se cumple y el funcionario de Cultura les echa la culpa a los legisladores. Dos años haciendo el mismo juego en contra de las Bibliotecas. 

Para los distraídos que no lo saben, el Poder Ejecutivo tiene facultades para reasignar partidas, más si se trata de "hacer cumplir la ley", como todos juran al asumir sus cargos. El incumplimiento de los deberes de funcionario público tiene sanción penal, además de la accesoria de inhabilitación para cargos públicos, pero los esforzados promotores de la cultura popular barrial que sostienen voluntariamente estas bibliotecas, muchas centenarias y de gran valor para sus comunidades, sólo pretenden reparar el daño sufrido y poder continuar sus tareas. Que así sea dependerá del buen juicio que algún responsable tenga para detener este desaguisado. 

Nuestra revista asume como propia la demanda y la hace pública, cuando todos los medios la silencian, dado que desde su fundación su redacción ha sido solidariamente alojada en la sede de una de las 33 bibliotecas afectadas, la Asociación Civil, Cultural y Biblioteca Popular Tesis 11, además de entender que la cultura no es un gasto sino una inversión social y es función del Estado solventarla. 

Lic. Gerardo Codina

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