Buenos Aires, 7 de agosto de 2018. Pocos recuerdan que ambos atentados ocurrieron no sólo con Menem presidente sino después de que nuestro país, a iniciativa del entonces canciller Domingo Cavallo, participase en la llamada Guerra del Golfo, en el marco de una operación militar auspiciada por las Naciones Unidas bajo comando norteamericano. Esto ocurrió en 1991. En 1992 ocurrió el atentado a la Embajada y en 1994 fue el turno de la AMIA.

El origen sirio de la familia presidencial, sus relaciones con líderes de países árabes como Siria, Irán y a Libia a los que habría prometido mientras recolectaba fondos para su campaña presidencial, "reactores nucleares, soportes tecnológicos y vectores misilísticos" como escribía el periodista Sergio Moreno en el número especial de Página 12 conmemorando los 15 años del bombazo que destruyó la Embajada, así como personajes con relaciones promiscuas con su gobierno como el traficante de armas Monzer Al Kassar, al que le dieron la nacionalidad argentina en 1992, más la participación en la Guerra del Golfo, todo apuntaba a que Menem había atraído sobre nuestro país un conflicto del que Argentina hasta entonces nunca había formado parte.

En 2001 se inició un juicio oral contra 22 acusados de ser la conexión local del atentado a la AMIA y haber facilitado la camioneta con explosivos, entre ellos el ex comisario de la Policía Bonaerense Juan José Ribelli y Carlos Telleldín. Las organizaciones de familiares de víctimas, como Memoria Activa  y APEMIA cuestionaron la investigación y al juez Galeano que la había realizado y rechazaron el juicio oral al considerarlo una maniobra de encubrimiento por parte del Estado argentino. De este juicio surgieron las imputaciones a los ciudadanos iraníes como responsables del atentado.

Luego Galeano fue apartado de la causa, ahora a cargo de Canicoba Corral y un nuevo tribunal el 2 de septiembre de 2004 dictó sentencia absolviendo a todos los acusados del primer juicio oral.  También ordenó investigar a Carlos Telleldín, acusado de cobrar una recompensa de 400 mil dólares para involucrar a los policías bonaerenses y las irregularidades cometidas en la primera investigación, entre otros, por el ex presidente Carlos Menem, el ex ministro del interior, Carlos Corach, el ex jefe de la SIDE, Hugo Anzorreguy, el ex juez Galeano, el ex presidente de la DAIA, Rubén Beraja, y el comisario Jorge "Fino" Palacios. Esta es la causa que ahora tramita en el Tribunal Oral en lo Criminal Federal N° 2 de la Capital, integrado por los jueces Jorge Gorini, Karina Perilli y Néstor Costabel. 

La otra causa es más reciente. El 14 de enero de 2015, el fiscal Alberto Nisman denunció a Cristina Kirchner por "decidir, negociar y organizar la impunidad de los prófugos iraníes en la causa AMIA con el propósito de fabricar la inocencia de Irán" y pidió su indagatoria. El fiscal incluyó en la denuncia al canciller Héctor Timerman, al diputado Andrés Larroque y a Luis D´Elía. Para Nisman, a pesar de que las decisiones fueron votadas por el Congreso en pleno y hasta fueron convertidas en ley, habría que considerar que Cristina Kirchner fue la única responsable, y afirmó que ella en realidad habría querido encubrir a Irán en su responsabilidad por el atentado.

Hasta entonces Irán se había negado sistemáticamente a cooperar con Argentina en el caso judicial contra ciudadanos iraníes, por lo que el gobierno argentino consideró este memorándum como un avance para la causa. El memorándum constaba de nueve puntos, entre los cuales establecía que el juez de la causa, Rodolfo Canicoba Corral y el fiscal Alberto Nisman, podrían interrogar en su país a los sospechosos iraníes con notificación roja de Interpol. 

Así como han trascurrido años y procesos sin datos comprobados y múltiples maniobras distractivas en la causa de la AMIA, en el caso de la embajada tampoco se avanzó un milímetro, más allá de tardar diez años para establecer el número de víctimas fatales en este atentado.

En este caso, bajo la investigación de la Corte Suprema, incluso hubo muchas idas y vueltas sobre qué explosivo se habría usado, dónde fue la explosión (adentro o afuera del edificio) y quiénes habrían sido sus responsables. Sin embargo, hay una diferencia. Dos investigaciones simultáneas se realizaron fuera del país, en relación con este hecho. Una en Estados Unidos realizada por el FBI que aquí no se conoció, concluyó con una sentencia judicial condenando a Irán a indemnizar a los familiares de una de las víctimas, alegando haber probado su responsabilidad. Otra hecha en Israel, realizada por el Mosad, tampoco publicó los resultados, pero en marzo de 2010 el embajador de Israel declaró que habían eliminado a sus autores. 

Entre tanto acá se sigue embarrando la cancha. Hace ya cuatro meses, el 22 de marzo, por este motivo presentó su renuncia Mario Cimadevilla, entonces titular de la Unidad AMIA del Ministerio de Justicia. Ese organismo, ahora disuelto fue creado durante el gobierno de la Alianza, con el objetivo de coordinar a todos los organismos del Estado en la investigación del atentado. 

Cimadevilla denunció al ministro de Justicia, por presionar a los abogados de la Unidad AMIA para que no acusaran a los ex fiscales Mullen y Barbaccia, imputados por las maniobras en la causa del atentado.

       Norberto Alonso

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