Buenos Aires, 10 de julio de 2018. A fines de junio se conoció la decisión. Subterráneos de Buenos Aires (SBASE) informó que, "a pedido de las empresas interesadas, y debido a la cantidad de consultas recibidas", según decía, había decidido extender la fecha de presentación de ofertas para el llamado a licitación pública internacional para la nueva concesión del servicio. Originalmente la fecha prevista era el 3 de julio y ahora será el 14 de agosto. 

La Ciudad, a través de SBASE, inició el proceso de licitación para seleccionar un nuevo concesionario de la red, después de años de extensiones irregulares a los permisionarios vigentes desde la década menemista. El nuevo operador del servicio de subtes porteño, que transporta cerca de 1,2 millones de pasajeros por día, estará a cargo de las seis líneas de subte y el premetro desde enero de 2019 y por un plazo de 12 años, más tres de prórroga.  

Según las autoridades, el propósito de la licitación era lograr una convocatoria plural y que participaran la mayor cantidad de operadores de redes de subterráneo posibles para que pudiesen aportar su trayectoria y visión integral de excelencia al servicio. En ese sentido, cabe destacar que, en marzo de 2018, más de 50 técnicos de distintas empresas vinculadas a la actividad ferroviaria nacionales e internacionales recorrieron las instalaciones del subte en una visita integral para conocer en profundidad las condiciones y el estado de la red subterránea.

El propio Larreta promovió la participación de empresas europeas cuando fue de gira a Alemania, Francia y España el año pasado, en tiempos en que el amigo Rajoy todavía era el primer ministro español, antes que lo desplazaran por el escándalo de coimas que envolvió a su partido Popular. 

Pese al activismo del oficialismo para lograr una fuerte competencia internacional por la operación del subte porteño, y más allá de cuántas empresas manifestaron algún interés real, en la línea final sólo quedan dos grupos competidores, que incluyen empresas argentinas. Por un lado, aparecen asociadas Keolis, que opera el subte de Lyon, Francia, y el de Boston (EEUU) con Transport For London (TfL), que opera el Tube londinense, y la local Corporación América, el holding que preside Eduardo Eurnekian, propietaria de Aeropuertos Argentina 2000 (AA2000). Por el otro, el grupo compuesto por Roggio (dueño de Metrovías, actual operador del Subte) y Deutsche U-Bahn, a cargo del metro de Berlín. Este último consorcio cuenta con el asesoramiento técnico y de análisis de viabilidad del negocio de dos consultoras internacionales, una española y otra de Gran Bretaña. En el caso puntual de la Corporación América, fuentes del grupo afirmaron que, si bien hubo reuniones con Keolis y TFL, “ambas operadoras aún se encuentran evaluando los pliegos de condiciones del llamado a licitación. Por ahora no hay nada definido”, señalaron.

La postergación y el escaso interés extranjero son síntomas de la incertidumbre que no logra despejar la administración macrista. Por un lado, las variables económicas, todas saltando por el aire, en un año en el que nadie sabe cuáles son los precios que tendrá la economía la semana próxima y con un gobierno que no acierta a ponerle el cascabel al gato. 

Por el otro, el conflicto social, que afecta especialmente al mismo subte donde el oficialismo avanza con torpeza en su intento de desconocer la organización sindical de los trabajadores, por vía represiva y judicial. Pero, además, hay incertidumbre jurídica, pues la gente de Larreta sancionó la ley que convoca a la licitación sin respetar el procedimiento establecido en la Constitución porteña, pese a tener mayoría propia en la Legislatura. Tantos desaguisados juntos, espantan al más corajudo, sobre todo cuando se trata de poner plata.

Aunque la Justicia porteña rechazó el amparo presentado por una ONG -Observatorio del Derecho a la Ciudad, radicado en nuestra Comuna 3- y convalidó la ley que autorizó el llamado a licitación para reconcesionar la red de Subte hasta 2034, aprobada por mayoría simple y en una única lectura, desde la ONG confirmaron que apelarán y cuentan con el antecedente favorable del fallo en primera instancia contra la extensión del estacionamiento medido, que tuvo la misma irregularidad de procedimiento legislativo. 

En ese caso y con fecha 19 de junio, el Juez Francisco Ferrer dictó sentencia haciendo lugar a los planteos realizados en la demanda y declaró que los artículos 2, 4, 5 de la ley 5728, juntamente con sus Anexos, en tanto contemplan supuestos alcanzados por el artículo 89, incs. 1, 4 y 5 de la Constitución de la Ciudad, debieron cumplir con el procedimiento de doble lectura exigible. Asimismo, declaró que, encontrándose cumplidos los recaudos impuestos por el artículo 82, incisos 4, y 5 de la Constitución de la Ciudad, resultaba exigible que fueran aprobados por la mayoría de dos tercios del total de los miembros de la Legislatura. En consecuencia, declaró la inconstitucionalidad de los artículos anteriormente identificados, aclarando que el mismo reproche se hace extensivo a las cláusulas de su antecedente que regularon idénticas hipótesis, los artículos 6, 7 y 8 de la ley 4888 y sus Anexos. Esta circunstancia también la conocen los asesores jurídicos de los inversionistas externos.

Santiago Pujol

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