Buenos Aires, 22 de mayo de 2018. La Asamblea de Socios del Centro Gallego de Buenos Aires, reunida el pasado martes 8 de este mes,y que es el máximo órgano de conducción de la mutual, dio su mandato al interventor judicial, Martín Moyano Barro, para que en un plazo no mayor de 30 días presente una oferta formal de compra del inmueble y restablezca las prestaciones sanitarias. 

En nuestra edición anterior publicábamos que, respecto del último reclamo al interventor "a finales de abril, la Justicia argentina ordenó rehabilitar los servicios médicos del Centro Gallego de Buenos Aires, que habían sido interrumpidos y que en ese momento sólo funcionaban con servicios de guardia. En cumplimiento de ese mandato judicial, la entidad ha dado los primeros pasos para que sus socios recuperen la atención médica. La semana pasada empezaron a distribuirse números entre los usuarios para reiniciar un servicio que había quedado suspendido desde finales del último año y que únicamente estaba en vigor para las urgencias. Se trata de una medida que afecta a casi 4.000 personas, que son las que forman el cuerpo de socios de esta institución." 

En relación con la oferta formal de compra del inmueble precisaron que deberá contemplar la cesión de la gestión sanitaria y la venta del inmueble a un grupo inversor, de tal manera que el importe pueda ser utilizado para la cancelación del pasivo de la mutual. La otra opción, avanzaron, es la quiebra de la institución.

En caso de no poder concretar ninguna de los dos mandatos (la venta y el restablecimiento de las prestaciones) dentro del plazo establecido, los asambleístas instruyeron expresamente a la intervención para que solicite el concurso preventivo judicial de la mutual. Asimismo, rechazaron el pedido de un nuevo cuarto intermedio solicitado por Moyano Barro y dieron por cerrada la asamblea. "Esta asamblea –sostuvieron– no accede a otro cuarto intermedio, fundamentado exclusivamente en la falta de respuesta inmediata a la atención sanitaria de sus socios y por las actitudes y conductas del propio interventor, que hemos decidido no tolerar más".

También requirieron que la próxima convocatoria se realice sólo "cuando la intervención esté en condiciones de presentar una propuesta firme y documentada de la parte compradora (el Grupo Inversor Rivera Salud de España y la Fundación Favaloro de Argentina)" y el centro preste atención a los socios.

La asamblea, que se llevó a cabo en el teatro Castelao, sobre la calle Moreno, contó con la participación de 25 representantes y más de medio millar de socios que siguieron en vivo la reunión desde una pantalla gigante montada en el salón de acceso a la institución. Allí, en un escrito preparado con antelación por los representantes se advirtió a Moyano que sin esos dos requisitos se abstenga de convocarlos nuevamente y –en caso de no poder concretar las dos encomiendas en el plazo de 30 días corridos– se lo facultó expresamente para que realice "la presentación en concurso preventivo judicial del Centro Gallego de Buenos Aires".

Los representantes puntualizaron en su escrito, que a la fecha "no se ha producido ninguna oferta seria y formal de la compradora" y se quejaron de que el interventor les había informado en numerosas ocasiones que "el acuerdo con la Administración Federal de Ingresos Públicos ya estaba en proceso de aceptación pero que, sin embargo, hoy se encuentran "con una mera expectativa". Recordaron también que a 30 de abril de 2017, alrededor de 900 millones de pesos –que representan el 73 por ciento de la deuda total de la mutual–  corresponde al Estado argentino por aportes y contribuciones jubilatorias y de obra social. Deuda que los socios denuncian que fue gestada "en estos últimos cinco años a través de sucesivas intervenciones que demostraron, cuando menos, una notable incapacidad de gestión", aseguraron.

Los representantes se quejaron de que desde que la justicia argentina intervino el Centro Gallego, en 2012, los pasivos y las deudas de la institución crecieron exponencialmente dejando el sanatorio, afirmaron, "desprovisto de los más elementales recursos humanos y materiales para brindar una asistencia aceptable".

En el escrito, atribuyeron también a la intervención "haber permanecido impasible y sorda" al reclamo hecho en la asamblea del pasado 24 de abril de restablecer la atención sanitaria de los socios y criticaron que "no sólo no se ha puesto en práctica, sino todo lo contrario". Finalmente, acusaron al interventor de ser responsable del "permanente sometimiento y humillación" a la que han sido "sometidos los socios y representantes" y las "permanentes denuncias civiles y penales que inicia contra los representantes y con cualquier otra persona que le exija explicaciones".

 

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