Buenos Aires, 15 de mayo de 2018. A finales de abril, la Justicia argentina ordenó rehabilitar los servicios médicos del Centro Gallego de Buenos Aires, que habían sido interrumpidos y que en ese momento sólo funcionaban con servicios de guardia. 

En cumplimiento de ese mandato judicial, la entidad ha dado los primeros pasos para que sus socios recuperen la atención médica. La semana pasada empezaron a distribuirse números entre los usuarios para reiniciar un servicio que había quedado suspendido desde finales del último año y que únicamente estaba en vigor para las urgencias. Se trata de una medida que afecta a casi 4.000 personas, que son las que forman el cuerpo de socios de esta institución. 

El martes 8 se reanudó también una asamblea de representantes de socios que se había iniciado el 12 de abril y que había sido pospuesta en dos ocasiones. En ese foro debían considerarse los balances económicos de la entidad y se debía decidirse también sobre la venta del emblemático edificio que posee la entidad gallega, para la que hay ya una oferta sobre la mesa.

En la asamblea los representantes de los socios del Centro Gallego de Buenos Aires han pedido al interventor del Instituto Nacional de Asociativismo y Economía Social (Inaes), Martín Moyano, que presente, en el plazo de 30 días, una oferta formal de compra del inmueble por parte del grupo inversor formado por Rivera Salud de España y la Fundación Favaloro de Argentina.

En el caso de no lograrlo, le piden que presente la institución a concurso preventivo judicial. Más de una veintena de representantes de socios asistieron a esta cita, en la que rechazaron la petición del interventor para realizar un nuevo aplazamiento de la asamblea que debe decidir sobre la venta.

Además del centenario edificio, está en juego también el patrimonio cultural del que dispone la entidad, 161 obras de arte que fueron valoradas en 600.000 euros, además de una biblioteca de más de 18.000 volúmenes. Precisamente, hace algunos días el conselleiro de Cultura de la Junta de Galicia, Román Rodríguez, y el secretario xeral de Emigración, Antonio Rodríguez Miranda, se reunieron en Buenos Aires con los representantes del centro y mostraron su compromiso por buscar una solución para ese patrimonio.

En la reunión, la doctora Carmen Hermida leyó un documento en representación de los socios, en el que criticaban que desde que la justicia argentina dictaminó la intervención del centro por parte del Inaes en 2012, las deudas de la institución se multiplicaron.

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