Buenos Aires, 8 de mayo de 2018. En el presente, las calles de la zona comercial de Balvanera empiezan a mostrar las primeras modificaciones urbanas del Plan Once u Once Peatonal. Hay veredas con prioridad peatón, luces más potentes, sitios patrimoniales en restauración. Sin embargo, tras la expulsión de los manteros en el verano de 2017, la venta callejera sigue viva, con nuevas reglas.

Semanas atrás se conoció la historia de Maxi, un joven veinteañero a quien la Policía de la Ciudad (comisaría 7º, Lavalle y Pueyrredón) le incautó una cesta llena de sánguches de salame y queso. El hecho generó repudio en redes sociales y la opinión pública en general. 

Sin embargo, según fuentes oficiales, en las calles de Once hay 17 de estos decomisos diarios. Lo confirmó el ministro de Ambiente y Espacio Público, Eduardo Macchiavelli, en una charla con vecinos de Balvanera en el Colegio San José (Azcuénaga y Mitre). Es decir, la historia de Maxi se repite 17 veces por día. 

Al cierre de esta edición, otro caso similar hacía eco en redes y medios. Oficiales de la policía porteña le incautaron una bolsa de chipá a un jubilado de 77 años que vendía en Rivadavia y Pasteur. Tanto en el caso de Maxi como de este jubilado responden a situaciones de personas solas. El argumento de antaño del Gobierno local fue desbaratar bandas y redes de mafia. 

El viernes 20 de abril en MU (Riobamba 143, Balvanera) se presentó el libro Territorios de control policial: gestión de ilegalismos en la Ciudad de Buenos Aires. Los autores son María Victoria Pita, María Inés Pacecca, Joaquín Santiago Gómez, Mariano Skliar, Sofía Belcic, Brenda Canelo y Franco Ciancaglini.

Durante la charla de presentación en el barrio, los autores hicieron énfasis en Once. Sobre todo en operativos policiales de 2014, anteriores a la expulsión de los puesteros de avenida Pueyrredón. Los escritores indicaron que hubo casos de violencia inéditos hasta ese entonces que marcaron un quiebre en la relación entre vendedores y efectivos. 

Dijeron que en esa época empezó a haber una alineación entre el Ministerio Público Fiscal, la policía Metropolitana (hoy de la Ciudad), el Poder Ejecutivo porteño y el Poder Judicial. Con las elecciones de 2015 se consolidó el armado político y partidario, fortaleciéndose esta dinámica. 

Señalaron que antes la Policía Federal Argentina (PFA) no solía intervenir en casos de manteros, al considerarlo una contravención menor. Fue con el ingreso de la Metropolitana en escena que se intensificó el desalojo de puesteros. Hoy es una práctica aceitada. 

Cuando desalojaron a los manteros de la avenida Pueyrredón, hace dos veranos, también hubo hechos de violencia. En la actualidad la vigilancia sobre calles y avenidas es una constante. Lo hacen los uniformados y también agentes de Ambiente y Espacio Público. 

Tras la expulsión, muchos manteros acordaron con el Gobierno porteño vender en los paseos públicos de Boulogne Sur Mer y Perón y La Rioja e Hipólito Yrigoyen. No se les cobra por el lugar y deben tener una asistencia periódica. El citado ministerio hizo inversiones millonarias para alquilar y acondicionar los predios. 

Sin embargo, son usuales las quejas de varios vendedores. Como ya habíamos reseñado en otras oportunidades, dicen que hay poca gente que ingresa a los paseos de compras. En consecuencia, hay malestar entre vendedores. Sin embargo, algunos no quieren volver a la calle.

Hay quienes sí se arriesgan a estar en las veredas. Lo hacen con la mercadería en la mano o con cestas y cajas. Hay un buen número de ellos en las inmediaciones de la estación ferroviaria Once. En general ofrecen comida. Bolsas de papas fritas, chipá, alfajores. Esa es su mercadería.

Aunque posean pocos bienes, cuando la policía o los agentes de Ambiente los frenan, les incautan todo su material. Esto genera pérdidas enormes para quienes tienen como única subsistencia la venta en las calles.

Sobre la venta en el espacio público, tuvo enorme resonancia a mediados de abril la detención por parte de la Policía de la Ciudad de una treintena de vendedores senegaleses en la avenida Avellaneda y Nazca, en Flores. Allí fueron a parar los manteros disidentes de Liniers. Los que acordaron con Ciudad, fueron a los galpones de Once, tras una capacitación rentada por CAME (Cámara Argentina de la Mediana Empresa).

La agrupación Vendedores Libres condenó lo ocurrido en Flores. Su secretario general, Omar Guaraz, dijo: "Sigue insistiendo el jefe de Gobierno, con la impunidad que lo caracteriza en su política de exclusión, violencia y xenofobia en grado extremo, contra vendedores ambulantes pero con particular saña e interés hacia senegaleses, en una persecución específica y premeditada contra este colectivo de migrantes".

"La Metodología represiva del jefe de Gobierno ha llegado a límites de alarma social y que debería ser generalizada por lo que representa (por eso difundimos), donde ya no se encuentra garantizada la integridad física de los Vendedores Ambulantes, y sobre todo el colectivo senegalés, expuestos a diario en toda la ciudad por una decisión política, a técnicas y prácticas de exterminio e ilegalidad producto de un Estado claramente terrorista, donde la seguridad y la vida misma no se encuentran garantizadas para con los senegaleses (y los vendedores en general). El propio Estado lejos de cuidarlos y garantizarles la custodia de sus derechos más elementales (entre ellos el de la vida misma), los pone en extremo peligro de manera cotidiana producto de la intencionalidad y la planificación consciente", dijo Vendedores Libres. En la Legislatura porteña, bancadas de oposición elaboraron pedidos de informes al respecto y repudiaron lo ocurrido. 

                 Juan Castro

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