Buenos Aires, 6 de marzo de 2018. Larreta marcó la cancha firmando un acuerdo con el sindicato de trabajadores administrativos del estado (SUTECBA) que, según los funcionarios, es del 12 por ciento de aumento salarial para todo el 2018, dividido en dos cuotas, de 8 y 4 por ciento, a pagarse en abril y agosto, respectivamente.

Apenas conocida la exigua novedad, el sindicato salió a apagar el incendio que se desataba en todas las reparticiones, diciendo que, por cumplimiento de la cláusula gatillo del año pasado habría a fines de febrero un bono para todos y a principios de marzo, un incremento del 3 por ciento que serviría de base para los siguientes incrementos pautados. Pero para hacer más tentador el panorama, se recordaba que en julio comenzaría a regir la nueva carrera administrativa, con otro 5 por ciento en promedio y se aclaraba que en setiembre "se empieza a negociar recomposición salarial por inflación" del período. Versión bastante alejada de la celebrada por los funcionarios de Larreta. 

No pasa lo mismo con los docentes porteños. En este caso, la oferta sigue siendo el 12 puro y duro, dividido en tres mini cuotitas de 4 y sin reajuste por inflación. Ningún sindicato quiere firmar eso, por lo casi nadie apuesta a que las clases comiencen puntualmente. 

No se trata sólo de los empleados públicos. Los camioneros se movilizaron masivamente el miércoles 21 de febrero, junto a decenas de organizaciones sindicales, sociales y políticas, porque el estado no quiere convalidar un bono de fin de año que vienen cobrando desde hace siete años. Una platita que hacía una diferencia para encarar tranquilos las vacaciones y que este año no aparece.

También sufre la cultura. La disolución del Ballet Nacional de Danza dispuesta por el Ministerio de Cultura de la Nación, tiene sus correlatos porteños. Por caso, las bibliotecas populares de la ciudad tienen sus subsidios mensuales congelados desde 2016, corriendo muchas de ellas peligro de cierre por falta de fondos para hacer frente a los crecientes costos de los servicios públicos.

Ahora llegó también el turno de los periódicos barriales (este es uno de ellos). Aquí no se trata de que se mantuvo sin actualización durante todo 2017 la publicidad pautada por el Gobierno, sino que resolvieron reducirla un 17 por ciento, de modo unilateral (ver nota de la página 6 en esta edición). Así la sobrevida de estas voces independientes corre riesgos, porque ni el papel ni los servicios que se consumen detienen su escalada alcista.

Para evitar el creciente déficit de las cuentas públicas, incrementado por los enormes costos de la deuda que tomó este gobierno y por la reducción de impuestos que hizo a sectores concentrados de la economía, lo que no intentan los funcionarios es lo único que serviría a todos: que crezca la actividad económica. Mayor crecimiento, más actividad, más dinero en el bolsillo de la gente, mayor consumo, mejor recaudación del estado. 

El camino del ajuste del gasto público siempre reclama más, porque serrucha la rama que lo sostiene, la actividad económica. Ya hicimos este camino con Machinea y De la Rúa. Es difícil que con las mismas respuestas tengamos otros resultados. Ya sabemos cómo termina esta historia y no es bueno para los que menos tienen.

Lic. Gerardo Codina 

 

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