Buenos Aires, 20 de febrero de 2018. En medio de la cruda pelea que sostienen el ministro de Justicia, Germán Garavano, y la diputada oficialista Elisa Carrió, que decidió impulsar su juicio político, debido a la estrategia del Poder Ejecutivo en la llamada causa AMIA II, el jueves pasado la querella de la Unidad AMIA cerró su alegato y pidió seis años de prisión para el ex presidente Carlos Menem y ocho para el ex juez federal Juan José Galeano por el encubrimiento del ataque terrorista en 1994. Para los ex fiscales Eamon Mullen y José Barbaccia, en tanto, el abogado del Ministerio de Justicia ratificó el pedido de absolución, lo que fue cuestionado por familiares de víctimas del atentado y por Carrió.

El alegato fue realizado por José Console, el abogado designado a último momento por el Ministerio de Justicia para exponer, quien es cuestionado por el resto de los letrados de la Unidad AMIA. En medio de esa disputa, el Tribunal Oral Federal 2 quedó en alerta por la posible incompatibilidad en el cargo de Console, quien estaría inhabilitado para ejercer la profesión y representar al Estado Nacional, ya que se desempeña en paralelo como Secretario Letrado del Consejo de la Magistratura de la Ciudad de Buenos Aires. Los jueces enviaron un oficio urgente al Consejo, a Garavano y al titular de la Unidad AMIA, Mario Cimadevilla, para que informen en 24 horas sobre la situación.

Ninguno de los oficios fueron respondidos, por lo que ayer el tribunal integrado por Jorge Gorini, Néstor Costabel y Karina Perilli reiteró el pedido "bajo apercibimiento" y dejó supeditada la validez del alegato a las respuestas que dé cada uno de los organismos consultados. Es decir que, en una situación extrema, si finalmente se confirma que Console no podía ejercer como abogado, su controvertido alegato quedaría anulado. Su participación en la causa llevó a Carrió a sugerir que pedirá el juicio político a Garavano por la injerencia del ministro en la causa.

En el juicio oral, que lleva más de dos años, se ventilaron dos grandes hechos: por un lado, el pago al reducidor de autos Carlos Telleldín para que diera una declaración falsa ante la Justicia; y, por otro, el abandono deliberado de la investigación sobre el ciudadano de origen sirio Alberto Kanoore Edul, quien tenía vínculos con la familia Menem.

El 17 de marzo de 1992, la Embajada de Israel en la Argentina sufrió un atentado que dejó 22 muertos y 242 heridos. Lo que entonces se vio como un hecho insólito para el país era solo la antesala de otro: el 18 de julio de 1994 otra explosión destruyó la sede de la AMIA (Asociación Mutual Israelita Argentina) ocasionando 85 personas muertas y unas 300 heridas. 

 

La investigación de este segundo y más grave atentado fue muy distinta a la de la Embajada, que está a cargo de la Corte Suprema sin resultados a la vista. Pero ninguna de las dos causas avanzó en la identificación de los responsables. Para resolver el caso AMIA se conformó en el país un verdadero ejército de fiscales y jueces dedicados durante años al tema, que cada tanto, produce algún escándalo o terremoto. El más grave de los últimos fue el supuesto "suicidio" o asesinato de su principal fiscal, Alberto Nisman.

Ahora, para completar el cuadro, en Comodoro Py el inefable Claudio Bonadío instruye otra causa por encubrimiento, esta vez contra ex funcionarios del gobierno anterior, justificada con el proyectado memoradum de entendimiento con Irán, que no llegó a efectivizarse.

La noticia de la renuncia de Mariana Stilman se conoció el 30 de marzo del año pasado. Publicaba Raúl Kollman por entonces en Página 12 "La letrada le envió una carta informando de la renuncia al Tribunal Oral que juzga a Carlos Menem, al ex juez Juan José Galeano, a los jefes de la SIDE, los fiscales, al ex titular de la DAIA, Rubén Beraja, al ex jefe policial, Jorge "El Fino" Palacios y a Carlos Telleldín, todos acusados por sembrar pistas falsas. La abogada Stilman le envió una segunda carta al ministro Germán Garavano explicándole que su renuncia se debe a diferencias que llegan a lo ético y moral: ella considera que tienen que tener un papel activo para buscar la verdad de las graves irregularidades cometidas por funcionarios del gobierno y judiciales hace 20 años. Sin embargo, por expresa orden de Garavano, al lado de Stilman pusieron a un nuevo abogado que se opone a tener un papel activo como querellante y como acusadores. "Esto podría generar la defensa de intereses opuestos", dice Stilman, dando a entender que en lugar de acusar a Menem, Galeano, Beraja, Palacios y compañía, más bien se pretende ayudar a sus defensas. Stilman llegó al cargo de la mano de Elisa Carrió y es de confianza de la diputada, al punto que fue su abogada personal y candidata de la Coalición Cívica en 2015.

Desde fines de marzo hasta ahora, Elisa Carrió no se había pronunciado públicamente. Su límite parece haber llegado cuando el reemplazo de Stilman terminó siendo un hombre de Daniel Angelici. Garavano un día antes del alegato en la causa por el encubrimiento del atentado revocó el poder del abogado que iba a pedir penas de prisión para Barbaccia y Müllen, ordenando que lo reemplazara un íntimo de Angelici, José Console, integrante del Tribunal de Disciplina del Club Atlético Boca Juniors, institución que preside el habitual blanco de los dardos de la diputada oficialista. 

La reacción llegó por medio de la Coalición Cívica. "La acusación que leyó el abogado Console en la audiencia del pasado jueves 1° de febrero, solicita la absolución total de los ex fiscales Eamon Müllen y José Barbaccia, de todos los delitos por los que fueran acusados y los hechos atribuidos", afirmó el partido. La Coalición Cívica informó además sobre la renuncia a la Unidad AMIA de Mariana Stilman, diez meses después que ocurriese."No formamos parte ni del amiguismo, ni del nepotismo, ni de encubrimiento judicial alguno", indicó el texto, en el que se recriminó que "Garavano interviniera en el trabajo de la querella del Estado en la causa de encubrimiento del atentado a la AMIA".

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