Buenos Aires, 6 de febrero de 2018. En un contexto de alta inflación, que se acentuó a partir de que asumió Macri, es esperable que las tarifas también suban. Pero las proporciones de estos aumentos superan en mucho los índices inflacionarios. Eso es debido en parte, a que las autoridades porteñas hicieron la plancha durante 2017, cuando había que ganar una elección de mucha importancia para Cambiemos, después de haber aumentado en octubre de 2016, de $4,50 a $7,50, en medio de protestas por parte de los usuarios. En parte, además, porque las autoridades quieren trasladar a los usuarios una proporción mayor de una tarifa que, dicen, en gran medida es subsidiada.

Pero la cuestión de fondo es el esquema de gestión del servicio, que mantiene una empresa estatal ociosa -Subterráneos de Buenos Aires-, mientras encarga la operación a un privado al que le asegura enormes retornos a costa de los dineros públicos. Ese esquema volverá a repetirse por los próximos 15 años, luego de que se realice a fines de este mes una licitación pública para un nuevo contrato de concesión. Es el esquema heredado del menemismo y que ha regido durante los últimos 24 años, con servicios que no mejoran, una red que sólo crece cuando invierte el Estado y negociados escandalosos con compras de trenes usados.

Curiosamente, las empresas extranjeras interesadas en venir al Buenos Aires para operar nuestros subterráneos son todas estatales. Españolas, italianas, alemanas o francesas, pero empresas públicas. ¿Por qué allá sí se puede y aquí no? Claro, que sean estatales no quiere decir que acá vengan a hacer beneficencia. Vienen a buscar ganancias, como cualquier privado.

Larreta avanza en estos planes con la convicción de que su respaldo político lo blinda de las críticas opositoras. Por eso los funcionarios actúan como si las audiencias públicas fuesen sólo trámites administrativos, en las que no vale la pena escuchar los argumentos contrarios. Pero no debe perder de vista que ese respaldo tiene sólo el crédito del bolsillo de sus votantes. Un bolsillo cada vez más recortado, desde que Macri está gobernando. 

La caída de la imagen presidencial después del achique de las jubilaciones no tendría que serle indiferente. Aunque se proponga repetir al frente de la Ciudad. El repunte inflacionario que produce la sumatoria de aumentos de tarifas, recorta el poder de compra en una población en la que el grueso de sus integrantes vive de un salario. El gobierno parece dispuesto a convalidar ese recorte, con aumentos paritarios por debajo de la inflación real. 

Ya el año pasado los docentes porteños tuvieron que conformarse con un incremento resuelto unilateralmente. Este año no anticipa nada mejor. El resto de los empleados públicos tienen representaciones sindicales con las que el poder político negocia fácilmente prebendas, por lo que posiblemente se eviten paros en las dependencias estatales. Pero eso no alivia el descontento de la gente cuando la plata no alcanza para llegar a fin de mes.

Lic. Gerardo Codina

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