Ya tuvo dictamen en diputados

Sociedad | Comisión Investigadora del atentando a la AMIA

Ya tuvo dictamen en Diputados

La creación de una Comisión Investigadora del Atentado a la AMIA ya tuvo dictamen en Diputados. Esta iniciativa, presentada en dos ocasiones por haber perdido estado parlamentario en su oportunidad, busca indagar sobre la denominada “conexión local”. Hay cautela entre sectores de familiares de víctimas por un decreto presidencial que contradice este espíritu y, aseguran, busca “exculpar al Estado argentino de sus responsabilidades criminales y encubridoras”. Ahora esperan su llegada al Recinto de sesiones. Buenos Aires,6 de junio de 2017. Mientras millones de personas en todo el país, y sobre todo en Plaza de Mayo, vivaban contra el fallo del 2x1 que beneficiaba a personas condenadas por delitos de lesa humanidad, el miércoles 10 de mayo la Comisión de Peticiones, Poderes y Reglamento de Diputados emitía un dictamen favorable para crear, en el ámbito del Honorable Congreso de la Nación, la Comisión Investigadora del Atentado a la Asociación Mutual Israelita Argentina (AMIA), ocurrido el 18 de julio de 1994 en la sede de la calle Pasteur 633 del barrio porteño de Balvanera y que causó la muerte de 85 personas.

Este proyecto tuvo que ser presentado dos veces. El ex representante Claudio Lozano (Unidad Popular) lo hizo por primera vez en 2014. Por falta de tratamiento, perdió estado parlamentario en diciembre de 2015. Se volvió a presentar el 27 de septiembre pasado. El texto es una idea original de la agrupación de familiares de víctimas APEMIA, presidida por Laura Ginsberg.

Con el dictamen favorable obtenido este 10 de mayo, las fuerzas políticas ya están en condiciones de que el proyecto de ley para crear la comisión entre al recinto de sesiones. Sin embargo, desde APEMIA hay cautela ya que este mismo año el presidente Mauricio Macri firmó un decreto que, a su entender, apunta “a cerrar definitivamente cualquier atisbo de investigación del atentado” y busca “exculpar al Estado argentino de sus responsabilidades criminales y encubridoras”.

El proyecto de ley establece que la Comisión estará integrada por tres diputados y tres senadores, con acuerdo de representación de ambas Cámaras. También la compondrán cuatro representantes por las víctimas del atentado a razón de uno por cada una de las querellas que las representan en la causa Nº 9.789/2000 que tramita ante el Tribunal Oral en lo Criminal Federal N° 2, en el marco de las acciones judiciales vinculadas al atentado a la AMIA. Habrá además quince ciudadanos con trayectoria en los derechos humanos, la cultura o la vida pública.

Este proyecto pide que la futura Comisión haga foco en indagar la llamada “conexión local”, que fue investigada en varias oportunidades, pero familiares de víctimas denunciaron en su momento que había irregularidades a propósito para garantizar impunidad. Luego del debate interno, la Comisión elaborará varios Informes Periódicos y un Dictamen Final, a enviarse a las Cámaras baja y alta.

El dictamen favorable para crear la Comisión, se hizo un mes después de un contrapunto entre familiares de víctimas de la AMIA y el Poder Ejecutivo de la Nación. A principio de abril, Mauricio Macri firmó el Decreto 229/2017 sobre desclasificación de documentación. “Es un verdadero golpe a la posibilidad de investigar y conocer la verdad sobre la responsabilidad criminal que tuvo el propio Estado en la comisión del atentado terrorista y su posterior encubrimiento. No sólo no abre los archivos, sino que los vuelve a poner en manos de la AFI y, además, vacía la Unidad Fiscal. Con esto retrocedemos más de 20 años”, declaró Ginsberg.

Luego hubo una reunión de APEMIA y la Asociación 18J con el ministro de Justicia de la Nación, Germán Garavano. Allí le hicieron cuestionamientos y el funcionario se comprometió a revisar el Decreto. Además, comprometió su intervención para que el proyecto de ley de la Comisión se convierta en ley.

Otro aspecto del proyecto de ley para crear esta Comisión, es que la habilitarán a recibir todo tipo de información que “se encuentre en poder de cualquier jurisdicción o entidad pública o privada”. El Poder Ejecutivo deberá enviársela apenas constituida. Funcionarios judiciales, miembros de la Unidad Fiscal AMIA, la Unidad AMIA del Poder Ejecutivo Nacional, entre otros, deberán responden requerimientos y citas de esta Comisión.

Un punto interesante del texto es el artículo sexto. “Deberán guardar estricto secreto y confidencialidad, hasta tanto la legislación posterior determine cuál información y documentación puede adquirir carácter público”, aclara al respecto.

En tanto, Diana Malamud, referente de Memoria Activa, una agrupación que reúne a familiares y amigos de víctimas del atentado a la AMIA, manifestó su rechazo a la designación de Claudio Bonadío para la investigación de la denuncia del fiscal Alberto Nisman contra la ex presidenta Cristina de Kirchner por presunto encubrimiento en la investigación por el atentado a la AMIA.

“Cuando fue separado el juez Galeano, la causa por encubrimiento pasó al juez Bonadío. Y durante cinco años, Bonadío no hizo absolutamente nada”, subrayó Malamud en Radio 10.

Bonadío instruyó la causa por las irregularidades del caso AMIA desde el principio, en 2000, hasta 2005, cuando la Cámara Federal se la sacó por considerar que no había investigado.

Juan Castro

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