Sociedad | Atentado a la AMIA

De nuevo el encubrimiento

Desde que sucedi贸 el atentado hasta hoy contin煤an los esfuerzos por orientar pol铆ticamente los resultados de la investigaci贸n y usarlos en una disputa geopol铆tica que nada tiene que ver con nuestro pa铆s. C贸mplices de ese encubrimiento que ahora se juzga fueron funcionarios judiciales, policiales y pol铆ticos de primera l铆nea, incluso dirigentes de la colectividad jud铆a en Argentina. Buenos Aires, 2 de mayo de 2017. Tras cinco audiencias termin贸 de declarar el 20 de abril el ex prosecretario del Juzgado Federal N掳9, Claudio Lifschitz, en el marco del juicio por el encubrimiento y desv铆o de la investigaci贸n del atentado a la AMIA, que el 18 de julio de 1994 produjo la muerte de 85 personas. A lo largo de sus exposiciones, el testigo apunt贸 contra la 鈥渇alta de an谩lisis鈥 de los elementos secuestrados a Kanoore Edul en lo que se conoci贸 como 鈥減ista siria鈥, la imputaci贸n de los polic铆as bonaerenses con la declaraci贸n de Carlos Telleld铆n y el dinero aportado por la SIDE a cambio de esa declaraci贸n, entre otras cuestiones.

Lifschitz relat贸 que tuvo una reuni贸n con Jorge Alberto 鈥淔ino鈥 Palacios -quien est谩 entre los acusados- cuando se encontraba al frente del Departamento Unidad Investigaci贸n Antiterrorista (DUIA) de la Polic铆a Federal, para relatarle 鈥渜ue no confiaba en el juez鈥. 鈥淟e coment茅 todo lo que sab铆a, las mendacidades de Telleld铆n, la causa armada y los legajos por separado鈥, sostuvo. Al respecto, dijo que Palacios se alarm贸, le contest贸 鈥渢e equivoc谩s鈥 y que ir铆a a ver a Galeano. Sin embargo, consider贸 que 鈥渆se 铆mpetu no ten铆a resultados鈥 y que, tras ello, decidi贸 renunciar.

Las declaraciones de Lifschitz evidencian los manejos del juzgado de Galeano para deformar la realidad de lo sucedido, de forma tal que se amolde al criterio pol铆tico imperante en el gobierno de entonces, tributario de las relaciones 鈥渃arnales鈥 con Estados Unidos y su m谩s estrecho aliado en Oriente Medio. Sin embargo, estas declaraciones del ex funcionario judicial fueron acalladas por los grandes medios en un contexto en el que familiares de las v铆ctimas del atentado denunciaron la puesta en marcha de un nuevo operativo de encubrimiento.

En efecto, el Gobierno sum贸 en las 煤ltimas semanas duras cr铆ticas desde asociaciones de familiares y amigos de v铆ctimas del atentado contra la AMIA. Se cuestiona que el Ejecutivo se quede con la custodia de informaci贸n de inteligencia del atentado, quit谩ndosela a los fiscales intervinientes en el caso y creen que el Juicio en Ausencia que promueve el oficialismo en el Parlamento con acompa帽amiento del massismo, puede clausurar las investigaciones. 鈥淓n conjunto, estas iniciativas esconden para algunos familiares la intenci贸n de proteger a las personas responsables del encubrimiento del atentado鈥, public贸 el periodista Aurelio Tom谩s en el diario Perfil.

Los planteos incluyeron la presentaci贸n de un escrito de Memoria Activa, con duros cuestionamientos al Gobierno, ante la Comisi贸n Interamericana de Derechos Humanos (CIDH). Adem谩s, en una tensa reuni贸n con el ministro de Justicia Garavano, la agrupaci贸n Apemia y la Asociaci贸n 18J le exigieron la renuncia del radical Mario Cimadevilla a la Unidad Especial AMIA, una secretar铆a de Estado creada para facilitar la intervenci贸n del Ejecutivo en la investigaci贸n judicial de la causa.

En el centro de las cr铆ticas de los familiares est谩 la decisi贸n de sacar de la 贸rbita del Ministerio P煤blico Fiscal y la Unidad Fiscal AMIA la vigilancia de los archivos secretos sobre la causa, que han estado por a帽os bajo el control de Jaime Stiuso, el todav铆a hombre fuerte de la inteligencia argentina. El 6 de abril el Gobierno public贸 un decreto sobre gesti贸n de archivos de la ex SIDE en la causa AMIA. El dato m谩s importante es que la norma transfiri贸 el manejo de los dep贸sitos a Cimadevilla, ved谩ndolos a los fiscales que act煤an en reemplazo del fallecido Nisman.

Tras el decreto, el grupo de trabajo especial de la Unidad Fiscal AMIA no pudo ingresar a los dep贸sitos de la SIDE. Finalmente, lograron acceder tras idas y vueltas, pero sin controlarlos. Los archivos se encontraban hasta hace poco tiempo en dep贸sitos 鈥渄escubiertos鈥 cuando el kirchnerismo, en plena pelea con un sector de la ex SIDE tras la muerte de Alberto Nisman, decidi贸 desclasificar este material para las partes del caso (no el p煤blico en general).

Se cre贸 entonces una unidad especial, dependiente de la Unidad Fiscal AMIA, que hasta la fecha restaur贸 y puso a disposici贸n de las partes numerosos documentos. Este proceso, por ejemplo, ofreci贸 pistas que llevaron a encontrar esquirlas extra铆das del cuerpo de las v铆ctimas que 鈥22 a帽os despu茅s鈥損ermitieron confirmar el uso de una camioneta Trafic para el atentado. Los reemplazantes de Nisman tambi茅n lograron identificar la v铆ctima n煤mero 85 y preparan medidas que podr铆an confirmar la hip贸tesis de un atacante suicida. Adem谩s, solicitaron a agencias de inteligencia norteamericanas que intervinieron en las primeras investigaciones que devuelvan pruebas f铆sicas sustra铆das o al menos informen las conclusiones de los estudios que realizaron sobre ellas.

La pol茅mica por los archivos coincide con la renuncia de dos abogados representantes del Estado en el juicio por el encubrimiento del atentado. Renunciaron en disconformidad con la instrucci贸n de Garavano de diferenciar al Gobierno de los querellantes y alinearlo con los acusados durante un testimonio clave de Claudio Lifschitz, mencionado m谩s arriba. Los abogados denunciaron las presiones y dimitieron tras una escandalosa audiencia donde se disputaron el micr贸fono con otro representante del Ministerio de Justicia. Para algunos familiares, nada es casual y todo apunta a proteger el trabajo de la SIDE de Stiuso en la causa.

Norberto Alonso

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