Sociedad | Sigue el encubrimiento del atentado a la AMIA

Los archivos de la pol茅mica

Familiares de las v铆ctimas critican el decreto que le sac贸 al Ministerio P煤blico Fiscal el manejo de documentos sensibles. Apemia y la Asociaci贸n 18J se reunieron el martes pasado con el ministro de Justicia Germ谩n Garavano para expresarle su disconformidad y rechazo a la ofensiva encubridora que el gobierno encar贸 en relaci贸n al tema AMIA. Memoria Activa hizo la denuncia ante la Comisi贸n Interamericana de Derechos Humanos. Buenos Aires, 18 de abril de 2017. El Gobierno sum贸 en las 煤ltimas semanas duras cr铆ticas desde asociaciones de familiares y amigos de v铆ctimas del atentado contra la AMIA. Se cuestiona que el Ejecutivo se quede con la custodia de informaci贸n de inteligencia del atentado y creen que el Juicio en Ausencia que promueve el oficialismo puede clausurar las investigaciones. Adem谩s, reprochan el cambio de estrategia oficial en el juicio por encubrimiento, que motiv贸 la renuncia de los abogados que representaban al Estado. En conjunto, estas iniciativas esconden para algunos familiares la intenci贸n de proteger a las personas responsables del encubrimiento del atentado.

Los planteos incluyeron la presentaci贸n de un escrito de Memoria Activa, con duros cuestionamientos al Gobierno, ante la Comisi贸n Interamericana de Derechos Humanos (CIDH). La asociaci贸n de familiares impulsa este caso con el patrocinio legal del Centro de Estudios Legales y Sociales (CELS) y ya lograron decisiones que obligaron a que el Estado asuma su responsabilidad en la desastrosa investigaci贸n del atentado. Adem谩s, la semana pasada hubo una dura reuni贸n entre el ministro de Justicia, Germ谩n Garavano, y las asociaciones Apemia y 18J. All铆, le exigieron la renuncia del radical Mario Cimadevilla a la Unidad Especial AMIA, una secretar铆a de Estado creada para facilitar el trabajo de la Justicia en la causa.

Como trasfondo de esta puja est谩 la figura del agente de inteligencia retirado Antonio Stiuso. Porque en el centro de las cr铆ticas de los familiares est谩 la decisi贸n de sacar de la 贸rbita del Ministerio P煤blico Fiscal y la Unidad Fiscal AMIA el control de tres archivos secretos sobre la causa, que han estado por a帽os bajo el control del hombre fuerte de la inteligencia argentina. Desde que el equipo de fiscales los pudo empezar a estudiar, se identific贸 a la v铆ctima n煤mero 85 (veintid贸s a帽os despu茅s) y se pudo comprobar que una Traffic fue usada en el atentado.

El d铆a del paro, el Gobierno public贸 un decreto sobre gesti贸n de archivos de la ex SIDE en la causa AMIA. El dato m谩s importante es que la norma transfiere el control de los dep贸sitos documentales a la Unidad AMIA de Cimadevilla. Tras el decreto, un grupo de trabajo especial de la Unidad Fiscal AMIA no pudo ingresar a los dep贸sitos de la SIDE y se despert贸 la alerta. Finalmente, lograron acceder tras idas y vueltas. Tambi茅n se hab铆a hecho presente en el lugar personal de la Unidad AMIA y del Ministerio de Modernizaci贸n, que asesora a la secretar铆a de Cimadevilla en el plan de digitalizar todos los expedientes y la contrataci贸n de un software especial.
La pol茅mica por los archivos coincide con un giro de 180 grados de los representantes del Estado en el juicio por el encubrimiento del atentado. La instrucci贸n, que despert贸 rechazos, fue diferenciar al Gobierno de los querellantes y alinearla con la de los acusados durante un testimonio clave de Claudio Lifschitz, un ex empleado del juzgado de Juan Jos茅 Galeano que en su momento destap贸 el pago de 400 mil d贸lares al de-sarmador de autos Carlos Telleld铆n.

Dos abogados del Gobierno denunciaron presiones y renunciaron tras una escandalosa audiencia donde se disputaron el micr贸fono con otro representante del Ministerio de Justicia. Tras el esc谩ndalo, Lifschitz denunci贸 frente al tribunal responsabilidades de la SIDE en el encubrimiento. El empleado fue llevado al juzgado por el ex comisario Jorge Palacios. El juicio est谩 en su etapa final de testimonios, previa a los alegatos. El tribunal no confirm贸 fechas, pero se espera que llegue en las pr贸ximas semanas el turno de Stiuso y las dos agentes responsables de los archivos en disputa. Para algunos familiares, no hay coincidencias, y todo apunta a proteger el trabajo de la SIDE en la causa.

REUNI脫N CON GARAVANO

La agrupaci贸n Apemia y la Asociaci贸n 18J se reunieron el martes pasado con el ministro de Justicia Germ谩n Garavano para expresarle su disconformidad y rechazo a la ofensiva que el gobierno encar贸 en relaci贸n al tema AMIA. Aunque el funcionario prometi贸 modificar el reciente decreto que puso la desclasificaci贸n de los archivos secretos en manos del Poder Ejecutivo, se trat贸 de un encuentro 鈥溍pero鈥, tal como lo defini贸 Laura Ginsberg. 鈥淓stamos muy enojados, entendemos que en muy pocos d铆as el gobierno hizo una ofensiva muy brutal, en la cual el decreto es la cereza del postre, cuando le pedimos la reuni贸n todav铆a no hab铆a sido publicado el decreto y sali贸 el d铆a del paro el anuncio鈥, dijo la dirigente de Apemia (Agrupaci贸n por el Esclarecimiento de la Masacre Impune de la AMIA).

Durante la reuni贸n, los representantes de las dos agrupaciones, que nuclean a familiares y amigos de v铆ctimas del atentado, le explicaron a Garavano que la ofensiva a la que aluden se verifica en varios aspectos. En primer lugar mencionaron 鈥渓a presentaci贸n gubernamental de un proyecto de ley de juicio en ausencia en el Senado, cuyo 煤nico objeto es cerrar definitivamente la posibilidad de investigar las responsabilidades criminales y encubridoras del Estado argentino, y bloquear un debate serio para crear una Comisi贸n Investigadora con personalidades independientes y familiares de las v铆ctimas, poniendo a su disposici贸n todos los archivos del atentado a la AMIA que el Estado dice 鈥榙esclasificar鈥 pero sigue ocultando鈥.

Luego hablaron sobre 鈥渓a posici贸n adoptada por el Ministerio de Justicia, alineada con las defensas de (el ex juez Juan Jos茅) Galeano, (el ex jefe de la SIDE Hugo) Anzorreguy y (el ex titular de la DAIA Rub茅n) Beraja en el juicio oral por encubrimiento, para evitar la declaraci贸n del testigo que hizo la denuncia hace 17 a帽os y que dio lugar a ese juicio鈥. La posici贸n oficial se hizo p煤blica durante las audiencias del juicio y, tal como revel贸 P谩ginai12 motiv贸 la renuncia del equipo de abogados que representaba al Estado.

En tercer lugar, cuestionaron la sanci贸n del decreto 229/2017, cuyo esp铆ritu y disposiciones, dijeron, 鈥渆st谩n puestas al servicio de la re-apropiaci贸n por parte de la AFI y la Secretar铆a AMIA del Ministerio de Justicia dirigida por (Mario) Cimadevilla (ambas dependencias del Poder Ejecutivo) de los archivos secretos鈥, lo que vaciar铆a a la fiscal铆a de sus obligaciones y desplazar铆a al grupo de trabajo de relevamiento documental (GERAD), de la Procuraci贸n, de sus tareas. En este punto Ginsberg fue muy precisa. 鈥淐on este decreto, el gobierno volvi贸 a poner los archivos secretos en manos de la ex SIDE, organismo que formalmente integra la Unidad AMIA (ahora con rango de Secretar铆a) del Ministerio de Justicia desde su creaci贸n en el a帽o 2000. Es un retroceso enorme porque el equipo de la fiscal铆a (GERARD) est谩 trabajando seriamente, es gente con experiencia en el Archivo Provincial de la Memoria鈥, dijo la dirigente. 鈥淣o es casualidad que justo ahora tomen esta iniciativa, cuando en el juicio por el encubrimiento est谩 declarando (Claudio) Lifschitz, quien inicio esa causa hace 17 a帽os con su denuncia, y dijo que la SIDE cometi贸 y encubri贸 el atentado. Ahora dicen que 鈥榓bren鈥 los archivos, cuando en realidad apunta a un manejo discrecional de la informaci贸n por parte del Ejecutivo鈥, agreg贸. Sobre todos estos puntos, tambi茅n fue cr铆tica Memoria Activa, otra agrupaci贸n de familiares de v铆ctimas del atentado a la AMIA, que incluso se present贸 en la Comisi贸n Interamericana de Derechos Humanos (CIDH) por este tema.

Apemia y 18J consideraron que 鈥渆stas medidas fueron tomadas a espaldas y abiertamente en contra de los reclamos de Verdad y Justicia de las agrupaciones de familiares de v铆ctimas del ataque, y est谩n articuladas al servicio de satisfacer las demandas de la Embajada de Israel y sus grupos de presi贸n locales, entre otros la DAIA鈥. Por esta raz贸n, exigieron 鈥渓a renuncia del secretario Cimadevilla y la urgente intervenci贸n ministerial para evitar que la AFI y la Secretar铆a AMIA de su ministerio cumplan con las amenazas de impedir el trabajo de los Fiscales y el equipo de profesionales del GERAD, basados en el decreto presidencial鈥. Seg煤n ambas agrupaciones, Garavano 鈥渃omprometi贸 su intervenci贸n personal para modificar los t茅rminos del Decreto 229/17, aumentar el n煤mero de integrantes del grupo de relevamiento bajo la direcci贸n de los fiscales, retomar el debate del proyecto de ley para crear una Comisi贸n Investigadora Independiente鈥.




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